El ambiente previo a la votación del domingo próximo en Puebla se encuentra totalmente enrarecido y a ese clima de incertidumbre, ahora se suma la violencia, debido al atentado sufrido por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Medina Custodio.
El instituto político en el que milita, la víctima, Alejandro Medina Custodio asegura que se trató de una agresión del gobierno estatal. Por su parte la administración morenovallista, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha respondido que ya inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
Lo cierto es que la zozobra no es para menos: los hechos violentos de las dos elecciones previas en la entidad abonan a las suspicacias: en 2013 fue asesinado Samuel Malpica Uribe, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Puebla, y en esa ocasión la FGE –a la sazón llamada Procuraduría General de Justicia– de inmediato se aprestó a vincular al entonces candidato del tricolor a la alcaldía, Enrique Agüera Ibáñez, con el crimen, aunque, acabados los comicios, nunca le fincó cargos.
El 26 de mayo del año pasado, en plena campaña, José Salvador Méndez Morales, regidor en Chignahuapan y coordinador de campaña del candidato priista a diputado federal, Lorenzo Rivera Sosa, fue ultimado. Misma suerte funesta corrió Pablo García Orozco, quien se desempeña como coordinador de campaña Libres y cuyo homicidio se perpetró el día de la votación, el 7 de junio de 2015.
La crispación y violencia que se está padeciendo en esta elección es preocupante y parece tender a inhibir el derecho que tienen los ciudadanos a acudir a las urnas, por lo que es necesario hacer un llamado a que impere el Estado de Derecho, las fuerzas políticas y autoridades apacigüen sus ímpetus y de esta forma los votantes salgan a emitir su sufragio sin temor.