La mañana del primer día de enero de 1994, despertamos a la esperanza de transformación de México y justicia social para los pueblos primigenios. Aquella mañana de invierno, en un contradictorio contexto, el entonces presidente Carlos Salinas anunciaba nuestra entrada como nación al pretencioso “primer mundo”; la realidad del país muestra que actualmente más de 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Así, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), le declaraba la guerra al gobierno mexicano y denunciaba las condiciones de injusticia, violencia y precariedad en que viven y han vivido los pueblos originarios de nuestro país.
La esperanza se manifestó en solidaridades, cinturones de paz, encuentros y diálogos, procesos amplios e incluyentes de educación popular nunca antes realizados en México, todo esto convocado por las armas y la poesía del EZLN. Por su parte, el gobierno mexicano ordenó la represión que cayó severa en Chiapas y en muchas regiones indígenas del país. Invasiones militares, guardias blancas, la matanza de Acteal, y la ruptura de los diálogos de paz, devinieron en la persistente ausencia del reconocimiento de los derechos culturales y colectivos de los pueblos indígenas.
Los Acuerdos de San Andrés son la propuesta que quería establecer una relación diferente y equitativa por parte del Estado mexicano con los pueblos originarios. Sin embargo, pese al entonces compromiso de legislar en materia de derechos indígenas, los acuerdos nunca fueron aprobados por el Poder Legislativo de la nación. Al contrario, se crearon candados que obstaculizan las autonomías indígenas. A 25 años de la esperanza zapatista, los acuerdos de San Andrés son una deuda pendiente con la justicia social hacia los pueblos primigenios. El documento reclama el reconocimiento de derechos políticos, para reconocer sus prácticas de elección de autoridades; derechos jurídicos para ejercer sus sistemas normativos y procesos mediadores en conflictos internos; derecho a mantener su organización social; derechos económicos, permitir su organización para el trabajo, así como el uso, usufructo y cuidado de los recursos en sus territorios, para satisfacer sus necesidades.
Los derechos culturales, reclaman la producción y reproducción social y cultural de los pueblos primigenios y los Acuerdos de San Andrés permitirían impulsar el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y su derecho a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía indígenas; posibilitar la amplia participación y representación política a través de reconocer sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales; reconocer sus sistemas normativos jurisdiccionales; promover, proteger y preservar sus expresiones culturales; garantizar la educación y capacitación en un marco de respeto y promoción de sus saberes tradicionales ancestrales; garantizar las condiciones materiales para satisfacer sus necesidades a través de procesos productivos equitativos.
A 25 años, la deuda social con los pueblos indígenas sigue siendo una perversa realidad en México, sin embargo, la esperanza zapatista nos recuerda que la lucha por la dignidad humana aún nos reclama.