Maestros agremiados al Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) protestaron este jueves frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, para exigir reinstalación de 11 docentes rescindidos desde 2012 por no aplicar la Prueba Enlace, y en rechazo a los despidos por la Evaluación de Desempeño Docente.
Por más de una hora, medio centenar de maestros se apostaron en las oficinas gubernamentales con mantas en contra de los 20 tutores cesados en Puebla por no presentar la “evaluación punitiva”.
El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano, el maestro Miguel Guerra Castillo, dijo que los constantes anuncios sobre los resultados de la evaluación, que se “maquillan” con aumentos salariales para quienes tuvieron resultados destacados, tienen un carácter intimidatorio.
“La guillotina se prepara para todo el magisterio como mecanismo de despojo de los derechos laborales, y con total ausencia de contenido y rumbo en la llamada reforma educativa”, criticó.
Ante éstos hechos, anunció que el Consejo Democrático Magisterial Poblano prepara la defensa jurídica de los compañeros despedidos, y la movilización masiva para exigir la reinstalación de sus compañeros.
Entre otras demandas, adelantó, está el cese a la política de despido y represión, así como echar abajo la privatización de la educación pública.
En tanto, Manuel Fuentes, otro de los docentes inconformes, denunció que algunos tutores no fueron notificaciones para convocarlos a participar en la evaluación, como marca la ley, con tres meses de anticipación.
En la manifestación participaron por lo menos medio centenar de maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano, quienes hicieron pública su solidaridad con los profesores cesados por las autoridades educativas federales.
Esto a pesar –sostuvieron– que con ello se violentan sus derechos humanos y laborales.
Fuentes señaló que el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, otorgó el pasado 17 de febrero un amparo, en una sentencia sin precedentes, donde declara que la autoridad educativa no se ajusta a los requisitos del artículo 16 y son violatorios de sus derechos humanos.
El docente explicó que en el juicio quedó asentado con el número de expediente 1322/2015VII.
Los maestros disidentes expresaron su profunda indignación ante el despido de sus compañeros, acción que ubica señalaron al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y al gobernador Rafael Moreno Valle, “en las mafias sindicales como ejecutores de las políticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)”.
Para cumplir esos mandatos, reclamaron que la política laboral y educativa recurren al despido injustificados, ajustes salariales, recortes presupuestales y a la privatización de las pensiones, jubilaciones y los servicios de salud, entre otros beneficios ganados en años de lucha docente.
Todo ello –aseveraron– consecuencia de un régimen lleno de corrupción e injusticia.