En 2015 se estrenó en los cines de nuestro país una película que generó un interés moderado en las audiencias y que pasó sin pena ni gloria por las pantallas: el thriller mediático Matar al Mensajero (2014), dirigido por Michael Cuesta y protagonizado por Jeremy Renner, estupendo histrión que, pese a su aparición en las taquilleras cintas de Avengers, Misión Imposible o la secuela de la serie Bourne, ha demostrado ser un actor sólido ya nominado al Óscar un par de ocasiones. La película cumple con su finalidad crítica al statu quo al mostrarnos el trabajo periodístico del protagonista Gary Webb que, en un golpe de suerte, se topa con la historia de su vida: el apoyo a la Contra nicaragüense en los años 80 por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), mediante la venta de crack en las calles del sur de Los Ángeles. Después de años y años de ver películas que tratan sobre el tema quizá haya poca sorpresa al ver la película pues la vida real se ha encargado de mostrarnos en los escándalos Irán Gate o el de Rápido y Furioso que hay mucha verdad en lo que evidencian esas cintas. No obstante, lo que en verdad sorprende es la franca campaña de desprestigio emprendida contra Webb y el gradual vacío generado por sus colegas para más adelante pasar a protagonizar un ataque frontal contra el periodista. El sistema mismo se encarga de generar sus propias válvulas de escape para evitar que estos escándalos puedan minar el orden pre determinado pues, se piensa, ello ocasionaría consecuencias nefandas para la sociedad en su conjunto. Nada más ingenuo que lo que acabo de mencionar; lo que es más, nada más mezquino o pernicioso.
En efecto, en aras de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, se han ocultado o justificado en todos los países cantidades de injusticias y atropellos que, bien mirados, debieran producir indignación. No obstante, tras años de adormecimiento social garantizado en parte por una nulidad mediática o por la transmisión de información a medias o manipulada, las sociedades actuales poco actúan y menos demandan de sus gobernantes, de sus policías y aparatos de justicia. Tal como ocurrió con Webb, ha ocurrido con al menos dos periodistas en nuestro México actual, ambos casos provenientes del vecino Veracruz y con reacciones similares por parte de la prensa y de la ciudadanía. Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista asesinado en la Ciudad de México el año pasado y Anabel Flores Salazar cuyo cuerpo fue hallado en Puebla recientemente. A ambos periodistas se les ha vinculado con el crimen organizado lo que sin duda justificaría su muerte; ambos casos han sido acompañados por notas y reportajes en medios importantes o de medio nivel en los que se corrobora la versión oficial que tiene que ver con ajuste de cuentas en el caso Espinosa o que acusan a Flores de tener nexos con el crimen organizado al tener una camioneta que no podría pagarse con su sueldo de reportera. De hecho, como informó el portal electrónico de la revista Etcétera, reporteros de esa entidad demandaron que se dejara de criminalizar a los compañeros pues “…es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno”. Los señalamientos apuntan a que los poderes de ese estado, el gobierno y los fácticos, son los que han ultimado a estos periodistas de manera que se diversifica la censura y los atentados a los derechos más fundamentales de nuestros ciudadanos. A nadie escapa que en el vecino estado las cosas están terribles y lo han estado por dos sexenios al menos; no obstante, lo que resulta insultante en la actualidad es el artero ataque a la reputación de los reporteros para esparcir una cortina de humo centrada en la supuesta falta de honestidad y honorabilidad de estos reporteros y así distraer la atención de los asesinatos fuera del poder.
Webb murió en circunstancias por demás sospechosas y fuera por completo del periodismo, simplemente los medios le hicieron un vacío deplorable pues ninguno de ellos quiso asumir el riesgo de cobijar al periodista una vez desprestigiado. La rabia y la impotencia de Webb y sus familiares, lo mismo que las que viven los familiares y conocidos de Espinosa y Flores, debiera motivar la crítica generalizada al sistema en su conjunto en circunstancias como las actuales. No obstante, hoy está el Papa en México y nadie se fija en lo que acontece con la investigación; y a nivel social estos sucesos se encuentran normalizados y ya a nadie le importan, tan sólo se observan explosiones de indignación en determinadas redes sociales pero no provocan multitudinarias manifestaciones ni modifican conciencias. Para colmo en tales redes se cuelan los mensajes de desprestigio a estos periodistas y ante el aluvión de información de todo tipo, se pierde la indignación. Y finalmente, como comenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportado también en Etcétera: “Los propios aparatos gubernamentales impiden la protección a periodistas pues permiten omisiones y dilaciones en los casos. (…) desde 2000 y hasta el 31 de enero de este año han asesinado a 100 comunicadores; 20 han sido desaparecidos desde 2005, y se han registrado al menos 48 atentados contra medios de comunicación desde 2006”. Halagüeñas cifras… y el poder todavía se da el lujo de fabricarles delitos…