Martes, marzo 19, 2024

Con amenaza de juicio político propone PRI frenar endeudamiento de RMV

El diputado del PRI José Chedraui Budib presentó al Congreso del estado una reforma a la Constitución local que propone juicio político contra el gobernador por el manejo indebido de la deuda pública, ante el escándalo que enfrenta el titular del Poder Ejecutivo del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, por ocultar los pasivos generados en su administración.


La iniciativa plantea, además, obligar a las autoridades estatales a transparentar los contratos de proyectos para prestación de servicios (PPS), los proyectos de inversión (PI) y todas las obligaciones de pago que estos generen, ante la falta de certeza que existe sobre las condiciones en las que se construyó la infraestructura pública en la presente gestión y su forma de pago.

En entrevista, José Chedraui explicó que el espíritu de su propuesta es dotar a los poblanos de una herramienta que les permita conocer la manera en la que se invierten los recursos públicos, pues refirió que él lleva “cinco años preguntándole al secretario de Finanzas ‘cuánto se debe’”, sin tener una respuesta clara.

Públicamente, la administración morenovallista ha reconocido una deuda de 8 mil 690 millones de pesos, pero especialistas han contabilizado más de 34 mil millones de pesos de pasivos por la detonación de PPS y PI en este sexenio, los cuales han generado compromisos de pago hasta por 30 años calculados en 26 mil millones de pesos.

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El juicio político está incluido en la Constitución vigente, pero la reforma de José Chedraui propone agregar el “manejo indebido de la deuda pública” como causal por la cual el gobernador, los diputados, el auditor superior y los magistrados pueden ser sometidos a ese proceso jurídico para ser destituidos e inhabilitados.

El proyecto legislativo también involucra una adecuación en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, con el fin de agregar esa nueva causal a su texto normativo.

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Actualmente, el juicio político aplica en casos de violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de los recursos del estado, así como actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Un registro público contra la opacidad

Para transparentar los PPS y los PI, José Chedraui sugiere modificar la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Deuda Pública, para obligar a la autoridad a reportar en un “registro público” la totalidad de los pasivos que estaría disponible en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración.

“La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo contratado, recurso otorgado en garantía o fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última modificación en el registro.


“Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados con el financiamiento u obligación de acuerdo con la metodología que para tal efecto emita la Secretaría a través de lineamientos”, se puntualiza en el artículo 30 ter que se propone adicionar en la Ley de Deuda Pública.

José Chedraui explicó que el registro ya existe, pero no tiene la calidad de público, por lo que sólo pueden tener acceso a éste los integrantes del Congreso local a través del informe anual que la Secretaría de Finanzas y Administración está obligada a entrega al Poder Legislativo en el primer periodo ordinario de sesiones de cada año.

 


 

 

 

 

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