Puebla se encuentra entre los 11 estados con alta impunidad, según el Índice Global de Impunidad México (IGI–MEX), presentado ayer por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP).
El IGI–MEX es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Se toman en cuenta grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales, aclararon los presentadores del trabajo, que fue coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigadores del campus cholulteca.
En ese sentido, se informó que Puebla tiene un 69.19 por ciento de impunidad, cuando el promedio nacional es de 67.42 por ciento.
Durante una conferencia de medios, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del CCSJP, explicaron que el IGI–MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja solo se ubican dos entidades federativas: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio hay cinco: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Aclararon que Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Explicaron que algo que detectó el índice “es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas”.
Mencionaron también algunos de los resultados destacados en el IGI–MEX: Del total de delitos consumados solo existe 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana a 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados. “La cifra anterior en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes de 99 por ciento en México, es decir, menos de 1 por ciento de los delitos en México son castigados. El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.