Lo que ha revelado un diario capitalino acerca de la entrega a una empresa privada del dinero recaudado por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), afianza la sospecha de que la proclividad del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas a financiar sus obras con los Proyectos para la Prestación de servicios (PPS) tenga en el fondo el propósito de destinar las partidas presupuestales programadas a fines totalmente distintos a los aprobados.
Y es que en verdad que no hay una razón que justifique la aplicación de fondos públicos en fideicomisos –sobre todo cuando se presume habilidad y hasta erudición para el manejo de recursos–, ya que ese tipo de instrumentos escapan a la auscultación de los órganos oficiales de fiscalización y, por tanto, la ciudadanía, que es la que aporta ese dinero, queda totalmente segregada del conocimiento sobre el destino que se da a los gravámenes que paga.
Más allá de las coyunturas electorales y de las revanchas partidistas, es necesario que el Poder Legislativo, en el ámbito local y el federal, inicien cuanto antes las investigaciones obligadas sobre el uso que en Puebla se le están dando a los recursos público y particularmente se indaguen los fideicomisos.
Por lo demás, resulta verdaderamente inadmisible y debería ser motivo de castigo que un gobernante pueda hipotecar el futuro de los gobiernos que le sucederán, como es el caso que ocupa, en el cual se han comprometido los ingresos de al menos ocho mandatarios, hasta donde se sabe.