El 22 de enero llegó a Huamantla, Tlaxcala, la caravana de padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Han pasado ya 16 meses desde ese lamentable hecho que ha consternado al país, generado solidaridad en diversas partes del mundo y visibilizado la incapacidad gubernamental.
Parece que en nuestro país ningún hecho que afecta a los más desposeídos puede alcanzar la verdad y, por tanto, la justicia. Hombres y mujeres no dejan de desaparecer, basta mirar las jóvenes que siguen desapareciendo en el sur de Tlaxcala y en algunos casos apareciendo muertas.
Tal es la descomposición de las instituciones responsables de la impartición de justicia que en México las personas desaparecidas se cuentan por miles; que las fosas y los muertos aparecen por todas partes, especialmente donde la pobreza se ha agudizado más y el crimen organizado logra infiltrarse en las estructuras comunitarias y en sus autoridades.
La existencia de personas desaparecidas o asesinadas genera miedo en la ciudadanía, la cual muchas veces en lugar de organizarse tiende a fragmentarse. Los padres de los jóvenes desparecidos en Iguala muestran que puede haber otra reacción más allá de miedo, dolor y coraje, esa reacción es la de organizarnos para visibilizar las injusticias y la descomposición que existe en las instituciones de gobierno; la lucha de madres y padres es el ejemplo de que la organización puede enfrentar a las instituciones de este país hasta el grado de derrumbar versiones que en otros casos se hubieran aceptado como verdades.
Contrariamente al ejemplo de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, el Estado muestra la continuidad de sus estrategias mediáticas, de construcción de versiones en extremo irrisorias y de su permanente apuesta al desgaste y cansancio social, de una apuesta al olvido.
Ya hemos señalado en diversos artículos de opinión que el horizonte político–económico es poco alentador, ello porque las instituciones de gobierno, independientemente del partido al que pertenezcan, no responden a las demandas sociales y en buena medida también porque el sistema ha generado que no exista una verdadera ciudadanía ni procesos de organización.
Si algo queremos aprender de los movimientos que se han generado en las últimas tres décadas es que debe generarse alguna forma de sujeto colectivo y permanente, que genere cambios a nivel local, preserve articulaciones hacia otros movimientos y que también conserve la memoria histórica.
Ningún estado de la República se encuentra en estos momentos exento de ser víctima de la inseguridad o del crimen organizado, por más que se generen discursos en los que planteen que nos encontramos en estados seguros como Tlaxcala, es claro que el robo, el secuestro, la trata de personas están presentes, que la desaparición de mujeres e incluso su asesinato son una realidad. Querer justificar en el discurso gubernamental que Tlaxcala es el estado más seguro y que deberíamos estar agradecidos y no preocuparnos, solamente generan una minimización de los problemas y que existan mayores condiciones de indiferencia ciudadana, así como de inacción institucional.
Ante los brotes de protesta ciudadana, el Estado actúa como si la ciudadanía fuéramos sus enemigos naturales, olvidando que el Estado es sólo una expresión de la sociedad en sí misma. Bajo esa concepción del Estado, mediáticamente construye a cualquier movimiento de protesta en enemigo, para contraponerlo con la sociedad y desestructurarlo, lo cual en lo práctico genera que incluso existan personas que agredan a las manifestaciones pacíficas que se puedan realizar. Es cierto que estas manifestaciones pueden afectar a algunas personas en sus trayectos, pero también es cierto que es la última instancia que las instituciones gubernamentales no han hecho justicia a las personas afectadas directamente.
Ante el desvío de poder que se ha generado en el estado, no queda otro camino a la sociedad que luchar organizadamente contra la violación de los derechos humanos, mantener un proceso constante de denuncia e incidencia para al menos conservar la esperanza de la verdad y la justicia.
Visto desde el enfoque de los derechos humanos, cada uno de estos atropellos a los derechos de las personas no puede repetirse, el Estado debería crear no sólo condiciones para llegar a la verdad, sino también para hacer justicia y castigar a los responsables, pero esto no es suficiente, se tendrían que aplicar las políticas públicas que eliminen los riesgos en cada una de las potenciales víctimas.
Desde este espacio continuamos solidarizándonos con las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a pesar de haber pasado ya 16 meses de haber iniciado su lucha, siguen firmes en la búsqueda de sus hijos. La sociedad actual, ante tanta violencia existente en el mundo, en el país y en sus espacios de vida, pareciera ya no tener la capacidad de sentir el dolor o sufrimiento de la otra persona, sin embargo, es necesario que, si queremos caminar nuevamente a la humanización de las personas, recuperemos la capacidad de sentir con las otras y los otros, de pensar que el riesgo es una posibilidad para cualquier persona en la misma condición y que, por tanto, pueden ser parte de las desgracias en nuestra vida ¡Por la verdad, por la justicia, hasta encontrarles, ni una persona menos!