Uno de los derechos más vulnerados por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas es el de la libertad de expresión. Agresiones directas contra periodistas, amén de espionaje y control de agendas de medios de comunicación han sido la pauta en esta administración, según un informe presentado por Cuauhtémoc Cruz Isidoro, director del portal Con Los Ojos Abiertos.
El periodista presentó la semana pasada un análisis durante la jornada por los Derechos Humanos, que se realizó en la Universidad Iberoamericana.
En ese sentido, advirtió que sesde el inicio de la administración de Moreno Valle Rosas hasta finales de 2014, Artículo 19 había contabilizado 33 ataques, cinco de ellos en 2011; nueve en 2012; tres en 2013 y 16 en 2014. En su informe Estado de Censura, la organización especializada en libertad de expresión y periodismo dedicó un apartado especial para el caso Puebla, gobierno que somete a la prensa.
El capítulo inicia indicando que “en Puebla, los periodistas y medios de comunicación críticos de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle han sido objeto de embates que han puesto en riesgo la labor informativa que realizan. Amenazas, agresiones físicas, presión financiera, robos domiciliarios, veto informativo y ataques cibernéticos han enfrentado estos medios y comunicadores, quienes son públicamente declarados ‘enemigos’ del gobierno de Moreno Valle”.
Agregó que,en el informe “Estado de Censura”, Artículo 19 informó que durante 2014 documentó un total de 16 agresiones en Puebla, siendo el quinto estado con más casos, debajo del Distrito Federal con 85, Quintana Roo con 42, Veracruz con 41, Guerrero con 28 y Oaxaca con 22.
Mencionó el ataque cibernético ocurrido entre el 18 y 24 noviembre en contra del portal econsulta, cuando equipo del periódico se percató que en su sistema introdujeron un código malicioso, conocido como exploite, que borró archivos y bases de datos de la página.
“Los ataques contra e–consulta se han dado justo cuando el medio ha publicado notas y reportajes relacionados con el caso del poblado de Chalchihuapan”, informó Rodolfo Ruiz, director de e–consulta”, a Artículo 19.
Agresiones directas
En el primer informe semestral 2015, Más violencia, más silencio, Artículo 19 había documentado 29 agresiones, de las cuales 18 habían sido perpetradas por funcionarios. “Es importante resaltar que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue mencionado como el principal agresor en 10 de los casos, más que cualquier otra autoridad en particular. Estas cifras son el reflejo de que la situación en Puebla resulta alarmante”[i].
Entre las agresiones documentadas por Artículo 19 durante el primer semestre de 2015, destacan los ataques cibernéticos perpetrados contra La Jornada de Oriente, uno de ellos el 14 de mayo, y contra Diario Cambio y Centro online, el 7 de junio, mientras que en el último informe trimestral de 2015 publicado por Artículo 19, Del miedo a Comunicar, se desprende que entre julio y octubre de este año, el estado de Puebla se colocó entre las entidades con más agresiones contra periodistas y medios de comunicación al sumar seis, mismo número que Guerrero y solamente por debajo del Distrito Federal con 25 y Veracruz con 12 agresiones.
De acuerdo con cifras de la organización, de las 303 agresiones contra la prensa registradas entre enero y octubre de 2015, 30 de ellas, el 10 por ciento ocurrieron en el estado de Puebla, ubicándose como el cuarto estado con más agresiones, sólo por debajo del distrito Federal con 59; Guerrero con 44 y Veracruz con 34 agresiones.
Por su parte, la Red Puebla de Periodistas, encabezada por la periodista Samantha Páez, igualmente ha dado seguimiento a agreciones contra periodistas.
En su participación durante el foro “Retos de la libertad de expresión en gobiernos autoritarios”, Páez destacó ocho de los casos de agresión y amenazas, entre ellos: el caso de Epigmenio Rojas, director de El Quetzal de Cholula que fue agredido el 2 de julio del año pasado por el camarógrafo del gobernador Rafael Moreno Valle en un evento del estado, al golpearlo con su cámara. Asimismo, el caso de Yadira Llaven de La Jornada de Oriente, quien recibió llamadas de un supuesto funcionario público estatal por hacer la cobertura de la llegada de tubería del gasoducto Morelos a Santa Isabel Cholula. También el golpe que recibió Jorge Castillo del diario Intolerancia en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en presencia del comisionado Alfonso López Badillo y en el que además, aprovechó la trifulca para huir y no responder preguntas.
Tripack y control de agendas
Uno de los mecanismos implementados por el gobierno del estado, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, para limitar la libertad de expresión y el control sobre la información que es publicada en los medios de comunicación es la asignación de publicidad oficial, aseguró Cruz Isidoro.
Describió cómo, a través de los contratos o convenios publicitarios, según han denunciado los propios directivos de medios de comunicación, “el obierno del estado favorece a los medios que mantienen una línea favorable a la administración estatal, mientras que busca ‘ahogar’ financieramente a aquellos que le resultan incómodos”.
Ejemplo de esto, abundó, “es la creación del llamado Tripack, el cual consistiá en un contrado unico de publicidad entre los tres principales anunciantes: el gobierno del estado, el ayuntamiento de Puebla y la Universidad Autónoma de Puebla, con los medios de comunicación a fin de condicionar la línea editorial de éstos”.
Indicó que “el mecanismo se puso en marcha en 2013 cuando José Antonio Gali Fayad y Alfonso Esparza asumieron la cabeza del ayuntamiento y la universidad, respectivamente. En su informe, Artículo 19 citó a Enrique Núñez Quiroz, director de Intolerancia Diario, quien señaló que el autor de este mecanismo fue Marcelo García Almaguer, primer director de Comunicación Social del gobierno morenovallista. Esta práctica, indicó Nuñez, ‘ha tenido como consecuencia la desaparición de seis o siete medios digitales e impresos”.
Cruz Isidoro señaló que “la discrecionalidad con la que se otorgan los contratos de publicidad, se le suma la opacidad existente en torno a ellos. De acuerdo con el Indice de acceso al gasto en publicidad oficial de las entidades federativas, realizado por Artículo 19 y Fundar. Centro de Análisis e Investigación, Puebla no proporcionó información alguna sobre el gasto en publicidad en las ediciones 2011, 2012 y 2013. Fue hasta la edición 2014 en que obtuvo tres de cinco estrellas posibles, sin embargo Puebla se ubicó entre las entidades donde fue imposible conocer con precisión el presupuesto aprobado o ejercido en publicidad oficial debido a que, en lugar de enviar el presupuesto de comunicación social, la información entregada correspondía a la dependencia denominada Coordinación de Comunicación Social”.