Evitando hablar sobre el caso de Puebla, pero en franca alusión a lo que ocurre en la entidad, el diputado federal priista Jorge Estefan Chidiac acusó resistencia de los gobernadores del país hacia la iniciativa que se promueve en el Congreso de la Unión para transparentar la deuda pública de los estados.
En conferencia de medios, aseguró que diversos titulares de los poderes ejecutivos locales se han acercado a los diputados y senadores de la República para que se dé marcha atrás a las adecuaciones.
Sin embargo, advirtió que el grupo legislativo del PRI fijó como objetivo aprobar los ajustes al marco normativo del país antes de que concluya el año, por lo que la bancada está dispuesta a hacer valer su mayoría para conseguirlo.
El ex integrante del gobierno de Enrique Peña Nieto explicó que las modificaciones responden al escaso control que existe en los estados y municipios sobre el manejo de recursos públicos.
Puntualizó que las nuevas disposiciones en materia de transparencia se encuentran en vigor a partir de este año, producto de una reforma constitucional que se aprobó en el Congreso de la Unión, la cual obliga la expedición de una Ley de Disciplina Financiera y Fiscal, en la que ya trabaja el Poder Legislativo federal.
“Les garantizo que al aprobarse la ley al fin de año se va a transparentar la deuda pública de todos los gobiernos estatales del país y se va a evitar la simulación de deuda que hemos visto en muchos estados de la República”, manifestó.
El priista, secretario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, adelantó que la iniciativa se aprobará dentro de la Comisión de Hacienda en próximos días, para que posteriormente se someta a votación de la Cámara de Diputados.
Aunque evitó emitir una opinión sobre el caso de Puebla –donde especialistas acusan que los proyectos para la prestación de servicios (PPS) contratados por el panista Rafael Moreno Valle Rosas representan una deuda oculta– aseguró que las dudas sobre los PPS se aclararán con la aprobación de la nueva ley.
“Si la ley se aprueba como viene la iniciativa, una vez aprobada la ley los estados estarán obligados a registrar ese compromiso de pago como deuda”, expuso el ex director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Control sobre autoridades locales
La reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios entró en vigor en mayo pasado, para prohibir a los gobernadores y ediles contraer obligaciones de pago o empréstitos de manera opaca y desmedida.
Para transparentar el manejo de financiamientos, las nuevas disposiciones obligan las autoridades locales a publicar la totalidad de sus compromisos de pago en un registro público único que detallará el nombre del deudor, el nombre del acreedor, los montos, la tasa de interés, los plazos, así como la fuente de pago.
Además, prohíbe a gobiernos estatales y ayuntamientos heredar deuda a corto plazo, motivo por el cual estarán obligados a cubrir los créditos tres meses antes de que concluyan sus administraciones.
La reforma incluye también la creación de un sistema de alertas para impedir que el nivel de deuda ponga en riesgo las finanzas públicas y sanciones contra servidores públicos que incumplan la ley.