El diputado federal del PRI Alejandro Armenta hizo un diagnóstico exacto de lo que sucede con las autoridades electorales locales y federales: su labor parece más de ornato que de verdadera institucionalidad, sobre todo aquellas a las que compete sancionar los procesos.
Las tres campañas que se han vivido en Puebla en las que ha participado el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas han dado cuenta suficiente de cómo la ley electoral puede violarse con absoluta impunidad, si se cuenta con los recursos económicos para pagar las sanciones pecuniarias correspondientes.
En efecto, el mandatario y sus candidatos han transgredido de manera sistemática el código electoral sin que haya castigos de consecuencias reales para su causa. En muchos casos, incluso, quienes han violentado la normatividad comicial y son apoyados por el mandatario estatal han ocupado cargos de elección popular y solamente han sido sujetos a multas que pagan casi con una sonrisa.
Es así que las autoridades electorales tienen un descrédito ganado a pulso por su intervención tibia, cuando no cómplice, que se hace del ojo pequeño cuando se trata de hacer valer el Código, pues la mayoría de los funcionarios que integran los órganos comiciales son personas que de alguna u otra manera llegan a esos puestos por transacciones obscuras, tráfico de influencias y deben sus nombramientos al mandatario en turno.