Ante un corte de media administración, Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal y Arturo Nuño Mayer, secretario de Educación Pública de la presente administración gubernamental, señalan –a través de un spot promocional y de una entrevista– su decisión por mantener la reforma educativa y pregonan que no tendrá marcha atrás, comunican “su compromiso” por lograr una educación de calidad a través “un sistema público, laico, gratuito y de calidad,” anuncian logros entre los que destacan: la vigencia de la normas establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la “entrega de laptops o tablets a casi un millón de alumnos” y el establecimiento de escuelas de tiempo completo.
Sin embargo, los cuestionamientos a la política educativa y a los logros emergen con fuerza propia y se expresan de diferentes maneras.
Pactada al margen de los grupos de presión sindicales y de las organizaciones gremiales, arropada por propuestas formuladas por organismos internacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) y en demandas de “organizaciones civiles” con intereses proempresariales (Mexicanos Primero AC.), firmada (Pacto por México) entre el titular del Ejecutivo federal y las direcciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sin tomar en consideración lo que opinaran maestros y maestras, madres y padres de familia, académicos e investigadores vinculados con el sector educativo, la reforma educativa sigue cuestionada por centrarse en las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción del personal docente y por dejar de lado la modificación y actualización de los planes y programas de estudio de educación básica, media superior y normal lo mismo que el acompañamiento previo a maestras y maestros en los procesos de actualización y formación docente, relegar la restructuración del sistema de educación normal, ignorar las condiciones de infraestructura mínima, insumos y material didáctico indispensables para el funcionamiento de las instituciones en condiciones mínimas de “normalidad escolar” exigida por las propias autoridades educativas federales.
“Protagonistas de esta transformación” (http://goo.gl/JCVh4g) lograda aparentemente por la participación de docentes en los procesos de evaluación en la que presunción presidencial, “la mayoría participan con voluntad y entusiasmo”, cuestionada en la práctica por una multitud de docentes que “denuncian” el carácter de una evaluación estandarizada elaborada con deficiencias por el Centro Nacional para la Evaluación (Ceneval) mediante contrato asignado directamente y sin licitación pública por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), valoración de la que se sienten al margen a pesar de los múltiples auxiliares didácticos en línea –no idóneos expresan evaluados– puestos a su disposición por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y por el INEE, y en el que, a diferencia de cualquier otro alumno examinado no tienen derecho a la “revisión del examen” sustentado. Rubro de una evaluación integral del sistema educativo, maestras y maestros muestran las condiciones en las que desempeñan su labor; escuelas sin paredes y techo de mampostería que sustituyen con paredes de lámina y techumbre elaborada con carrizo y paja, con piso de tierra, a las que maestros y alumnos paupérrimamente vestidos y alimentados deficientemente, asisten tras un recorrido de dos o más horas de camino. Escuelas sin electricidad, sin computadoras e internet, sin sanitarios y mucho menos con una plaza cívica en la que pudiesen jugar.
Estrellitas de la promoción publicitaria con rumbo al tercer informe del estado que guarda la administración, logro del que se enorgullece Peña Nieto, la existencia en 2015 de 20 mil escuelas de tiempo completo y la entrega de “laptops o tablets a casi un millón de alumnos” evidencian, a más de carencias en escuelas de gobierno, inequidad e ineficiencia y falta de recursos en la aplicación de políticas públicas en sector educativo. Los números venden y dan la impresión de que se está trabajando. Sin embargo, la entrega de un millón de laptops o tablets a “14 millones 257 mil 501” niños y niñas significaría que tan solo se ha entregado ésta herramienta a 7.01 por ciento de quienes asisten a la escuela primaria o a 3.86 por ciento de quienes cursaran, en ese ciclo escolar, la educación básica. Sólo una de cada ocho escuelas de educación básica ofrece un servicio de tiempo completo (Estadísticas Históricas SEP).
Pero, a tres años de la conclusión de una administración golpeada por una grave crisis política y económica, con un reforma educativa cuestionada por maestros y maestras en toda la República, quienes se manifiestan en contra y controvierten “logros” tienen mucho que aportar fundamentalmente en la construcción de un nuevo escenario educativo en el que cuenten con los instrumentos propios para el desarrollo de su profesión, incluidos planes y programas de estudio pertinentes. Una reforma educativa que se proponga brindar una educación de calidad a niños, niñas y adolescente requiere de un amplio concurso al que acudan estudiantes, maestras, maestros, organizaciones gremiales magisteriales, padres y madres de familia, autoridades educativas, comunidad y sociedad civil, medios masivos de comunicación, académicos y los investigadores de la cuestión educativa, para asignar un compromiso social real que eleve la calidad de la educación. Insistir en centrar la responsabilidad de educar a niños, niñas y adolescentes en los trabajadores y trabajadoras de la educación, ignorando el compromiso institucional que recae en autoridades, sabotea su propia reforma.