El atroz asesinato del colega Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera, junto con otras tres mujeres, nos debe llevar a crear una condición de reflexión y de alerta en Puebla para preguntarnos: ¿Qué falta para que en la entidad se empiecen a asesinar a periodistas? La respuesta es que lamentablemente están dadas las condiciones para que eso pase, pues en el estado crece el despliegue del crimen organizado y sobre todo, la intolerancia política hacia la crítica, los periodistas y cualquier ejercicio informativo.
Y no es una exageración de este tecleador: la ira política hacia los periodistas en Puebla esta documentada de esta manera: en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se han contabilizado 149 agresiones contra comunicadores del estado, que incluyen nueve amenazas de muerte y varios colegas golpeados, perseguidos y hostigados.
La organización no gubernamental la Casa de los Derechos del Periodista lleva un recuento en el cual el 40 por ciento de esas agresiones los agraviados han señalado como probables responsables al crimen organizado, a presidentes municipales, jefes de seguridad pública, agentes policiacos y servidores públicos.
Hace apenas un mes la organización Artículo 19 estimaba que en Puebla se triplicaron las agresiones contra periodistas por la intolerancia que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas expresa hacia la crítica y su indiferencia hacia los problemas sociales del estado.
Y es que si en algo hay una similitud entre lo que pasa en Veracruz –el estado con más homicidios de periodistas– y Puebla, es que ambas entidades son gobernadas por mandatarios que no pueden ocultar su odio, su desprecio, su animadversión, hacia la prensa.
El gobernador veracruzano Javier Duarte se la he pasado minimizando la violencia que existe contra periodistas, además de acusarlos de ser parte del crimen organizado y de ser exagerados con la descripción de la realidad de ese estado, en donde se vive con miedo, con pánico, por el dominio de caciques y de la violencia del narcotráfico.
En Puebla tenemos un gobernador que a un grupo de medios de comunicación los quiso exterminar –la cual es una palabra utilizada por los morenovallistas desde el inicio del sexenio– negándoles todo financiamiento público; y los periodistas que si tienen convenio con el gobierno del estado, son objeto de regaños, amenazas, agresiones por los contenidos que no son del agrado del titular del Poder Ejecutivo.
Moreno Valle, a lo largo de su sexenio nunca ha hecho referencia a las agresiones contra periodistas y los robos que han sufrido medios de comunicación, ni mucho menos ha buscado dialogar con sus críticos.
Sus celebraciones del día de la Libertad de Expresión son para hablar de él, de sus proyectos, de sus supuestos logros. Es decir siempre el tema es su persona, sus ambiciones políticas y su imagen pública. Nunca se ocupa de los problemas sociales. Es un autócrata.
Y esa intolerancia, es repugnancia que siente hacia la prensa, se traslada a todos los políticos que se sienten morenovallistas. Una prueba es que el ombudsman Adolfo López Badillo en lugar de defender a periodistas violentados en sus derechos, manda a golpear a reporteros para que no se le acerquen y le pidan una entrevista en actos públicos.
A todo lo anterior, se debe de agregar una creciente presencia y control regional del crimen organizado, al amparo del poder político.
Nadie se cree el cuento de que en el gobierno se ignoraba que altos jefes de la Secretaría de Seguridad Pública deban protección a las bandas dedicas a la ordeña de ductos de Pemex, las cuales a su vez están vinculadas con un par de cárteles del narcotráfico.
La caída de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública sin duda es consecuencia de esa peligrosa expansión del crimen organizado.
Es exagerado decir que los niveles de violencia son similares en Veracruz y en Puebla, pero tampoco en el estado estamos tan alejados para empezar a vivir situaciones similares de barbarie a las que se sufren en esa entidad vecina.
El rechazo de Alfonso Esparza a la violencia
Una situación que contrasta con el ambiente de violencia antes descrito, es la actitud asumida por Alfonso Esparza Ortiz, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, quien nunca dejó de presionar para que se esclarezca la agresión que un grupo de estudiantes sufrió el pasado 8 de febrero en el zócalo de la capital, en donde un comando de halcones los golpearon, desalojaron y los intentaron desaparecer.
Este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación en la cual denuncia que agentes policíacos permitieron la agresión contra los estudiantes, y queda claro que el organismo desplegó una importante investigación y una resolución como consecuencia que la presión que ejerció la universidad.
La UAP podría haberse olvidado del tema y dejar que la agresión se convirtiera en un agravio exclusivo de los estudiantes reprimidos, pero no fue así, ya que el rector se ha definido como un hombre que no acepta la violencia contra los universitarios y que se violen sus derechos.
Esa actitud se ha traducido en una exigencia de que se esclarezcan los hechos y la universidad ofrezca asesoría jurídica a los afectados, así como atención médica y psicológica. Eso sin duda es un respaldo y un ejemplo que se debe de reconocer frente al ambiente de violencia que vive el país y la descomposición de las instituciones del Estado Mexicano.