El Congreso local avaló la decisión que tomó el cabildo de Puebla de entregar a la firma Cyclo Share de México SA de CV la operación y administración del sistema de bicicletas públicas de la capital del estado por 10 años, que pueden ser prorrogables.
La concesión permite a la empresa el aprovechamiento y explotación de áreas del dominio público, así como la explotación publicitaria de los espacios en los equipos y materiales del sistema.
De acuerdo con información oficial, la empresa de origen estadounidense invertirá 12 millones 800 mil dólares anuales durante una década de operación, en la que se proyectan 72 millones 300 mil dólares.
La iniciativa de decreto del ayuntamiento de Puebla quedó aprobada por el pleno con 31 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, motivo por el cual se turnó el documento al Poder Ejecutivo del estado para que lo publique en el Periódico Oficial.
Se prevé que la empresa inicie funciones a finales de este año con la puesta en marcha de 2 mil 100 bicicletas que se distribuirán en 139 cicloestaciones, entre kioskos y puertos de anclaje.
También adquirirá vehículos de transporte, remolques, refacciones, insumos de mantenimiento, hardware y software de sistemas de comunicación y gestión, entre otros conceptos.
Las bicicletas transitarán en un polígono de 3 mil 300 hectáreas divididos en cuatro cuadrantes que tendrán como límite la avenida 24 sur, el bulevar Atlixco, la avenida Margaritas y el bulevar defensores de la República.
La membresía anual tendrá un costo de 700 pesos con 15 por ciento de descuento para estudiantes; mensual de 250 pesos; semanal de 200 pesos. Todos son viajes de 45 minutos y por cada fracción adicional de hasta 45 minutos se cobrarán 45 pesos.
La penalización por bicicleta no devuelta será de 8 mil 500 pesos, situación en la que se incurrirá si no existe reporte de la unidad por más de ocho horas.
Las tarifas antes descritas tendrán vigencia de un año a partir del inicio de la prestación del servicio y la empresa las revisará anualmente en coordinación con el ayuntamiento para ajustarlas al Índice Nacional de Precios al Consumidor. La empresa tendrá la obligación de rendir un informe al cabildo de sus funciones.