Facundo Rosas Rosas fue echado del gabinete morenovallista no porque se le perdiera la confianza, sino por la presión que ejerció el gobierno federal ante la sospecha de que el robo de combustible y otras actividades del crimen organizado en Puebla reciben protección desde las altas esferas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la dimisión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado no resuelve el problema de fondo, ya que en por lo menos en 30 municipios el funcionario dejó sembrada una “mafia” de ex servidores públicos federales que están a cargo de las policías locales de esas demarcaciones.
Rosas llegó a Puebla –hace dos años y tres meses– por un compromiso inicial del gobernador Rafael Moreno Valle con el ex presidente Felipe Calderón de dar cobijo y protección a una parte del equipo del otrora secretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, Genaro García Luna.
Por esa razón, Facundo Rosas echó mano de una larga lista –de más de 50 nombres– de agentes y funcionarios que fueron echados de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, y los colocó en puestos claves en el control de todo tipo de corporaciones policiacas en el estado y de los centros penitenciarios. Esa estructura hasta ayer seguía intacta.
Con el paso del tiempo, se diluyó el compromiso de Moreno Valle con Felipe Calderón y se dice que Rosas Rosas se ganó la confianza del gobernador por ser un hombre parco, discreto en su vida personal, metódico, obediente y sobre todo un personaje sin escrúpulos para reprimir y perseguir a los opositores del titular del Poder Ejecutivo.
Por esa disposición para desatar una persecución político–policiaca contra críticos y opositores al morenovallismo, se dice que en el gobierno del estado le dieron “manga ancha” a Facundo Rosas para que dirigiera la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo con sus propios intereses.
Las sospechas
El robo en los ductos de Pemex se disparó a la par de que inició el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y hasta la fecha en el estado únicamente se ha detenido a pequeños grupos dedicados a esa actividad, pero no se ha podido desmantelar ninguna red importante y mucho menos se ha disminuido esa lucrativa actividad ilícita.
Sin embargo, desde que llegó Facundo Rosas a Puebla, entre los conocedores del tema de la seguridad pública, se empezó a percibir que muchas actividades ilegales, aparte del robo de combustibles, empezaron a crecer y tener una posible protección oficial.
Muchos lo atribuyen a la llegada a la entidad de ex funcionarios federales que ya acarrean una larga lista de vicios.
Una muestra de lo anterior es la siguiente historia:
Hace algunos meses uno de los gerentes del famoso antro de la avenida Forjadores llamado Bikinis se percató de que dentro de dicho establecimiento había un grupo de comensales, que aunque no hacían mucho escándalo, era un serio peligro, ya que sus miembros estaban armados, pues la seguridad del local se había mostrado complaciente con dichos individuos.
Ante el temor de que se desatara un enfrentamiento, el gerente llamó a la Policía de San Pedro Cholula y capturaron a ese grupo, que resultó ser una banda presuntamente dedicada a la extorsión de empresarios, comerciantes y transportistas de dicho municipio.
De los 9 o 10 detenidos, se sabe que la mitad ya salió de la cárcel desde hace varias semanas y ahora se les menciona como líderes del control de robo de ductos de Pemex. Y como siempre ocurre, se libraron de la prisión por “errores de procedimiento”, que en palabras más sencillas se reduce a protección de alguna esfera oficial.
No hay elementos para decir que esa protección venía directamente del grupo de Facundo Rosas, pero sí pasaba frente a las narices del equipo del caído secretario de Seguridad Pública.
La detención hace 15 días de Marco Antonio Estrada López, el director de la Policía Estatal, y de Tomás Méndez Lozano, jefe de Operaciones Especiales de esa corporación, acusados de dar protección a las bandas dedicadas al hurto de los ductos de combustible volvió a despertar las sospechas hacia el equipo de Facundo Rosas de que daba protección o que era rebasado por el crimen organizado.
Se sabe que la detención de ambos mandos policiacos no fue un asunto fortuito, sino era parte de una larga investigación del Ejército, y que luego de su captura, desde el gobierno federal se presionó a la administración morenovallista para que se despidiera a Facundo Rosas y también se le pueda investigar.
Contra Rosas ya había el antecedente de que varios alcaldes que lo iban a ver para denunciar presuntas extorsiones de los zetas; en lugar de salir de las oficinas del ex secretario de Seguridad Pública con la promesa de que habría protección, se iban regañados y con la advertencia de que ellos debían solucionar los problemas de inseguridad de sus municipios.
Facundo Rosas se va de Puebla con las manos manchadas de sangre, ya que él ordenó el operativo policiaco del 9 de julio de 2014 contra la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
Trascendió que a finales de julio de 2014 Rosas, junto con el entonces secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, le entregó a Moreno Valle su renuncia para asumir el costo político de la muerte del niño Tehuatlie, pero el gobernador rechazó ambas dimisiones.
Ahora le tocará pagar a Moreno Valle un alto costo político por no haber aceptado a tiempo la primera renuncia que presentó Facundo Rosas.