El gobierno del estado incumplió con la entrega del predio rústico número 437, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, tras perder un amparo promovido por una ciudadana, que lo obliga a restituir el terreno expropiado dentro de la zona arqueológica.
Al cierre de esta edición, el gobierno de Rafael Moreno Valle no había notificado a la propietaria la entrega oficial de su predio que se encuentra junto a la pirámide de Cholula.
El juicio de garantías fue interpuesto por Marylupe Guevara Espinosa, con el número de expediente RA–22/2015.
El Tribunal declaró inconstitucional el decreto de expropiación que ordenó el gobierno del estado en las tierras que circundan el sitio arqueológico, donde sin permiso del INAH construye el parque de las siete culturas.
El pasado 24 de junio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla la expropiación del predio rústico, que era utilizado como corralón de automóviles chocados.
Pero fue hasta el 11 de mayo cuando la administración morenovallista tomó posesión del terreno por la fuerza, luego de llevar a cabo un fuerte operativo policiaco para quedarse con la propiedad de cuatro hermanos de la familia Guevara.
Actualmente el gobierno lleva a cabo la construcción del parque de las siete culturas, obra que se encuentra frenada por el salvamento arqueológico a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Al mediodía de este martes se filtró un documento a los medios de comunicación donde se informó que a las 16 horas de ayer el gobierno entregaría el predio ubicado en la calle 12 Oriente 304, a su propietaria.
A las 17 horas, la autoridad, con el respaldo de la notaria pública numero 3, apenas comenzó el traspaso de 450 vehículos que habían sido reubicados a un corralón de la ciudad de Puebla, luego de haber tomado posesión del predio.
Gustavo Guevara Espinosa, hermano de Marylupe y uno de los cuatro agraviados con la expropiación, expuso que será el Tribunal el que determine si el gobierno incurrió en desacato al dictamen de un juez federal, y de esto se tendrá resolutivo en las próximas 72 horas.
Alegó que su hermana no fue notificada personalmente, y que de acuerdo con el amparo el predio deberá ser restituido tal y como se encontraba cuando se tomó posesión.
Esto significa que deberán ser regresados todos los automotores, propiedad de terceros, que ahí se encontraban en resguardo.
Guevara Espinosa añadió que como parte del mandato del Tribunal Colegiado el gobierno estatal tiene que publicar a más tardar en el mes de agosto que la expropiación de la zona es inconstitucional, por lo cual no solo les tendrán que devolver su terreno, sino también al resto de afectados.
Además dijo que el juez de Cholula les otorgó el amparo de manera inicial, pero el gobierno estatal interpuso un recurso de revisión, que finalmente llegó hasta el Tribunal Colegiado.
“Con la sentencia del Tribunal Colegiado al gobierno estatal está obligado a cancelar todo lo que ha sido producto del decreto de expropiación que es violatorio, y resarcir el daño que hizo se tiene que remitir una copia del dictamen al resto de ciudadanos que están en proceso de amparo”.
El declarante señaló que también se tendrá que devolver el resto de bienes incautados, incluso aquellos que los dueños no pudieron acreditar la propiedad.
Finalmente, informó que el gobierno de Moreno Valle será denunciado por no notificar el desalojo de vehículos. “Se procedió a una demanda vía civil en la cual nosotros ya veremos lo que a derecho nos corresponda, porque fue una violación al amparo que se interpuso”.
Más tarde, al lugar arribo alrededor de una treintena de vecinos agremiados al Movimiento Ciudadano por una Cholula Viva y Digna, encabezados por Josué Xicale, hijo del preso político Adán Xicale Huitle, recluido en el penal de Cholula por defender las tierras.
En el acto, Josué Xicale exhortó al gobierno del estado que desista de la expropiación de los predios que rodean el sitio arqueológico, los cuales se encuentran protegidos por decreto de 1993.
Entre porras de aliento, los lugareños exclamaron: “Cholula vive, la lucha sigue”; además demandaron la renuncia del alcalde Leoncio Paisano Arias por promover la expropiación de tierras.