Un grupo de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre pasado, marchó este viernes en Montevideo hasta la embajada mexicana para pedir justicia por sus seres queridos.
“Esperamos que nos apoyen. (…) Que sea la fuerza para gritar la exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros”, dijo a Francisco Sánchez, de 19 años, uno de los sobrevivientes de los episodios ocurridos el 26 de setiembre pasado.
“Que no vuelva a haber familias destrozadas”, pidió el joven estudiante.
Bajo pancartas con consignas como “Fue el Estado” pintadas sobre los colores del pabellón mexicano, o “Todos somos Ayotzinapa”, unas 300 personas dejaron al mediodía del viernes la céntrica Plaza Independencia para protestar delante de la cercana representación diplomática mexicana, que apareció rodeada de vallas y custodiada por policías.
Nadie de la delegación salió para recibir a los manifestantes que coreaban “Vivos los llevaron, vivos los queremos” y contaban hasta 43.
Según Mario César González, cuyo hijo César Manuel es uno de los desaparecidos, el objetivo de esta convocatoria que los llevó primero a Argentina, ahora a Uruguay y a partir del domingo a Brasil (Sao Paulo y Brasilia), es aportar “información de lo que está ocurriendo en el Estado mexicano”.
Los familiares de los jóvenes responsabilizan directamente a las autoridades por su destino.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el 26 de septiembre pasado los 43 estudiantes fueron atacados por policías de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, apoyados por miembros del cártel Guerreros Unidos por orden del alcalde.
Según esta versión, sicarios los asesinaron, incineraron sus cadáveres y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.
Los familiares de las víctimas y ONG internacionales como Human Rights Watch rechazan esta versión de los hechos porque las pruebas científicas solo han podido determinar la muerte de uno de los jóvenes.
El caso está siendo investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de Afp.