“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos (ocurridos el 22 de mayo en Michoacán)”, señaló Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
El organismo indicó que las autoridades mexicanas deben “efectuar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en las que murieron 43 personas el 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán”, para que de esta manera se determine “si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, expresó Wilkinson.
Respecto a los primeros datos proporcionados por la autoridades federales, el representante de HRW para las Américas señaló que aunque Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, dijo que los policías actuaron en respuesta a disparos emitidos por los civiles, el hecho de que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente”, observó Human Rights Watch.