En medio de cientos de conflictos y disputas por la tierra, el agua y demás bienes comunes, emergió el 17 de marzo de 2015, sin mediaciones, el grito por la vida en uno de los valles prósperos de este país, como es el valle de San Quintín, municipio de Ensenada, en Baja California, donde miles de jornaleros demandaron ser tratados como seres humanos.
Las zonas hortícolas de Baja California y Sinaloa forman parte de una región agrícola que se especializó en la hortaliza de exportación para abastecer el mercado estadounidense en tiempos de invierno o cuando por condiciones climáticas las regiones productoras de ese país no pueden hacerlo.
Posterior a la Revolución Mexicana algunas familias iniciaron la producción de hortalizas para exportación, y en los 70 desarrollaron la infraestructura para el cultivo de tomate con tecnología de punta y mano de obra migrante, aunado a que en 1973 se construyó la carretera Transpeninsular, que imprimió un mayor dinamismo a la actividad agrícola, diversificando la producción hortícola más concentrada en un inicio en tomate y fresa y también propiciando la actividad pesquera y acuícola, junto al turismo.
Se estima que en valle de San Quintín hay unos 80 mil trabajadores agrícolas, de los cuales 40 mil son triquis, mixtecos y zapotecos de Oaxaca, además de indígenas de Guerrero, Veracruz y Chiapas. Actualmente en el valle los jornaleros levantan las cosechas de fresa, arándano, frambuesa y mora; 70 por ciento de esa producción se exporta al mercado de Estados Unidos. También cultivan y pizcan tomate, pepino, chícharos, calabacitas, col de Bruselas, chile, zanahoria, brócoli y cebollines.
Según el reporte de la Red de Jornaleros Internos, en todo México hay más de 2 millones de trabajadores en los campos. 60 por ciento de ellos son migrantes indígenas provenientes de los 10 estados más pobres del país, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Agrego que son los estados de economía campesina los de mayor expulsión, donde se combina la crisis de los pequeños productores minifundistas y temporaleros producto de una política que privilegió las importaciones de granos frente a la producción nacional y la crisis de la cafeticultura a nivel mundial, que desde los 90 afectó a las regiones indígenas.
Lo anterior en el marco del retiro del Estado de las actividades económicas y los procesos de liberalización, junto a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los cuales favorecieron la especialización hortícola / frutícola en regiones donde la actividad ya se distinguía, al mismo tiempo que se ponía énfasis en la mano de obra barata como uno de los factores de competitividad para atraer nuevas inversiones y/ o desarrollar las existentes. Ese discurso en poco ha cambiando, todavía sigue manteniéndose el salario mínimo deprimido para controlar la variable salarial y la supuesta estabilidad económica.
Por ello, y aunque sean las ramas agrícolas de exportación con jugosas ganancias, una parte de ellas está basada en condiciones de sobreexplotación de los trabajadores agrícolas. En ese contexto deben ubicarse las peticiones de aumento salarial, mejores condiciones de vida y alto al abuso sexual contra las mujeres, que los jornaleros realizaron a las empresas agrupadas en el Consejo Agrícola de Baja California y la negativa empresarial a conceder una remuneración de 200 pesos por un jornal de ocho horas, ofreciendo solamente un incremento de 15 por ciento y desatendiendo un acuerdo que las autoridades con miras a resolver el conflicto habían tenido con los jornaleros.