Los viajes que ha realizado el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para apoyar a candidatos del PAN en seis estados configuran un delito electoral porque son costeados con los impuestos que pagan los ciudadanos, acusó la abanderada a diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Distrito X de Cholula, Hortensia Herrera Ortega.
Anunció que Morena denunciará el desvío de caudales públicos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al señalar que son prácticas que las instituciones del país tienen que frenar.
En lo que va de la campaña los medios de comunicación han reportado la presencia de Moreno Valle en Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y Nuevo León, donde respaldó a los candidatos a diputados federales de Acción Nacional en actos masivos, así como a los abanderados de su partido a las presidencias municipales y gubernaturas.
El PRI de Colima denunció al mandatario poblano en la delegación de la Fepade, asegurando que la visita vulneró la ley porque el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los gobernadores podrán asistir a actos proselitistas únicamente los domingos.
En Querétaro el Partido Revolucionario Institucional amagó con interponer una denuncia más, pero hasta el cierre de la edición no se tenía información de que la amenaza se haya llevado a la práctica.
En entrevista, Hortensia Herrera atribuyó el activismo político de Moreno Valle en este proceso comicial a su aspiración de convertirse en abanderado del albiazul a la presidencia del país durante la elección federal de 2018, la cual se encuentra a sólo tres años de distancia.
“El gobernador está obsesionado en ser candidato a la presidencia y por eso quiere tener su bancada en la Cámara de Diputados, no una bancada del Partido Acción Nacional, sino una bancada morenovallista que impulse su proyecto político”, afirmó.
Aseguró que el titular de la primera magistratura del estado continuará promoviendo a los aspirantes panistas en toda la República si la autoridad penal y electoral de México no interviene para dar fin a ese proselitismo político que –insistió– es costeado con recursos del erario.