Más que el crimen organizado, lo que pesa sobre la libertad de expresión en Puebla es el gobierno, pues a diferencia de otros estados en donde es la violencia la que da las limitantes, en Puebla es el gobierno el que las da, consideró Mauro García Domínguez, profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla (UPAEP).
Resulta verdaderamente preocupante que en una entidad que no padece la violencia y brutalidad que desata el crimen organizado sean las autoridades las que amedrenten, inhiban y castiguen la libertad de expresión.
Por supuesto, esta situación a todas luces transgresora de las garantías constitucionales y violatoria de los derechos humanos, no es solamente sufrida por quienes viven de la libertad de expresión, como pueden ser los periodistas, pues principalmente victimiza a ciudadanos que defienden sus derechos o simplemente manifiestan algún tipo de oposición o disidencia con los proyectos, obras y deseos del gobernador, Rafael Moreno Valle.
Basta revisar la lista de los más de 130 presos políticos que se han registrado en Puebla, sus acusaciones y procesos, para confirmar que la mayoría de esas personas corrieron esa nefasta suerte por el hecho simple de expresar un punto de vista distinto o contrario a lo ordenado por el mandatario estatal.
Es así que Puebla se ha convertido en un estado donde decir lo que se piensa acarrea el riesgo de ser puesto en prisión.
No deja de llamar la atención que la crítica a este estado de cosas venga de la UPAEP, una institución afin a la ideología del partido en el que milita el mandatario, quien ha traicionado los principios de dicha organización.