Se desató en México un verdadero terrorismo de estado; la violación sistemática de los derechos humanos, producida por una “guerra contra el narcotráfico”, no conoce experiencias anteriores.
Esta violencia represiva peña-nietista no tiene precedentes, por su amplitud y técnicas; descentralizada, compartimentada, atomizada, difícilmente controlable: los jefes operativos de la marina, el ejército y el narcotráfico son ya en muchas regiones verdaderos señores feudales en sus zonas de operaciones. Y es que ya cada parte del territorio nacional se divide en densas cuadriculas a cargo de elementos de la gendarmería, de la policía, sectores del para-militarismo, y de unidades de las fuerzas armadas. Precisamente la cuadriculación del país en comandos de zonas, sub-zonas, y áreas de seguridad con la constitución de grupos de tareas operantes dentro de cada celda de la cuadricula, alcanza su clímax en 2013, y de manera coincidente hoy en las áreas de mayor riqueza estratégica para México, y para el movimiento popular.
La autonomía y rivalidad de las fuerzas de defensa y de seguridad contribuyen a acrecentar la eficacia del dispositivo represivo que genera un clima de inseguridad ciudadana. También la independencia operacional de comandos clandestinos y la existencia de centros de detención no oficiales, se siguen evidenciando como refuerzos del mecanismo de guerra contra- insurgente, es decir contra los procesos de autonomía territorial y social que realizan comunidades, pueblos, barrios y colectivos.
Este régimen lleva la crisis de la autoridad del Estado a un punto jamás alcanzado. El símbolo mayor que sintetiza por sí solo la degradación de la autoridad estatal son las desapariciones (según Amnistía Internacional ha habido 175 desapariciones al día en promedio durante el actual gobierno), así como la negación oficial de la centralización de la violencia gubernamental.
Así entonces, pervive la hipótesis de guerra interna derivada de la doctrina de la seguridad nacional imperante en el seno de las fuerzas armadas, y coincide con el proyecto de despojo y su estrategia económica y social de las clases y grupos dominantes alineadas al imperio yanqui.
Este terror -que no es disuasivo-, por ellos creado y con su aparato electoral y partidista como refuerzo, busca el disciplinamiento de la sociedad para reestructurar y profundizar los acuerdos políticos, económicos y militares con la burguesía-narcotráfico, y el imperialismo gringo.
Peña permite inmejorables condiciones para el modelo de acumulación capitalista que las transnacionales comandan, a expensas de la guerra contra el pueblo, del despojo de los territorios, del saqueo del sector agropecuario, de la salud, la energía o la educación pública.
Todos esos agravios expresan la continuidad de una apertura de la economía y de la reforma financiera ultra-neoliberal, donde todos los indicadores económicos revelan una situación de bancarrota y de cris permanente para el pueblo trabajador y los millones de excluidos.
La deuda externa gubernamental y empresarias aumenta demencialmente, esta, no se destina a inversiones dinámicas y generalizadas o gastos reales en la infraestructura, sirven sólo a la centralización de capitales, para la especulación y la corrupción. Este endeudamiento es tanto artificial como inútil para el reactivamiento de la economía interna y para siquiera contener la desigualdad extrema.
¿Será que en México transitamos de una economía sucia (sin esperar que un capitalismo limpio sea posible) hacia otra guerra sucia? Sólo el pueblo organizado para defender la vida puede ser la respuesta.