México resultó ser el segundo país más impune en la Primera Edición del Índice Global de Impunidad (IGI) el primer trabajo académico internacional que mide el fenómeno de manera transversal, eliminando completamente instrumentos de percepción –como las encuestas– y utilizando datos que los estados y territorios miembros le proporcionan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre temas como seguridad, justicia y derechos humanos, además de otras bases.
El estudio fue elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), cuyos titulares, el rector Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez –presidente del organismo– lo dieron a conocer ayer en la Ciudad de México en una conferencia para medios.
Aunque son 193 los Estados y 14 los territorios que integran la Organización de Naciones Unidas, el IGI solo consideró a 59 países, por haber contado con información estadística suficiente. Los presentadores destacaron que naciones de África, Oceanía y Oriente Medio, o algunas latinoamericanas como Brasil, no aportan datos suficientes, ya sea porque tienen carencia de recursos e infraestructura o porque no están interesados en transparentarlos.
La metodología para construir el indicador la formularon académicos y estudiantes del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDLAP.
Para el caso de México, se resaltó que el país tiene dos dimensiones prioritarias que se deben atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces. “Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia”. El IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con solo cuatro juzgadores por cada 100 mil personas, cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Establece también que “referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata (sic) los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegada (sic) al promedio de la proporción de policías, que es de 332 por cada 100 mil habitantes”.
De esta forma, el documento revela “la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”.
Y agrega: “Las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33 por ciento en el peso de la calificación de México. Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas.
“El problema de la impunidad en México es funcional y estructural no nació en esta administración pero se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos”.
Problema estructural,
no cultural
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, sentenció que los datos del IGI evidencian que el problema de la corrupción no es un vicio cultural de México, como se piensa comunmente, sino que éste es resultado de la impunidad y ésta, a su vez, es derivada de la carencia de recursos humanos suficientes en el sistema para atender las demandas de justicia de la población.
Para tener un sistema que ataque la impunidad es necesario contar con instituciones serias y que funcionen porque lo grave del sistema de justicia mexicano es que puede tener policías honestos pero no tiene los ministerios públicos suficientes para armar adecuadamente un expediente, abundó.
“No es que necesitemos más policías, es que los policías tienen que estar mejor preparados, tener mejores condiciones de trabajo que les permitan dedicarse de una manera clara para resolver el crimen y no estar fatigados porque tienen turnos de 24 horas al término de las cuales los señores lo que quieren es golpear o llenar las formas para poder proceder a la entrega de un delincuente”, indicó.
“Impunidad estadística”
El estudio recalca que “México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad”. Sin embargo, ocupa el segundo lugar en el rubro entre las naciones que cuentan con información estadística suficiente para incluirse en el IGI, se indica en el documento.
El país con mayor índice de impunidad es Filipinas, seguido de México, Turquía, Colombia y la Federación Rusa.
Sin embargo, nuestro país y 11 más –Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia– “están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia”.
En 134 países con membresía en las Naciones Unidas no hay estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada en dicha materia , se advierte en el IGI. “A estos países los incluimos en un subconjunto llamado ‘impunidad estadística y problemas estructurales’. Algunos de estos Estados pueden incorporarse rápidamente al IGI si reportan a la ONU la información estadística de sus indicadores faltantes”.
Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural de sus instituciones en seguridad y justicia, pero además son respetuosos de los derechos humanos contarán con un índice de impunidad bajo. Estos son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia–Herzegovina, Estonia y Portugal.
Se señala, asimismo, que países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica “lamentablemente no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia, por lo que resulta muy difícil compararlos con el resto del mundo. Por lo anterior, se encuentran fuera del índice de medición”.
El IGI añade que la mayor parte de los países de África, Asia Central y Oceanía tienen un déficit estructural para medir estadísticamente la impunidad “porque no reportan su información al sistema de Naciones Unidas en estas materias. La comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad para construir instituciones encargadas de sus estadísticas nacionales para afrontar la medición profesional y objetiva de la Agenda Post 2015 de las Naciones Unidas”.
Y recomienda: “México, a través del Inegi, y la ONUDD, deben seguir siendo líderes técnicos en materia de las estadísticas mundiales para poder medir los objetivos de Desarrollo Humano Sustentable de la Agenda Post 2015 de Naciones Unidas”.
Los siete países de América Latina y el Caribe estudiados en el IGI con el menor índice de impunidad son Costa Rica, Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana y Chile.
Otros países de la región como Venezuela, Surinam, Santa Lucía, Haití, Ecuador, Dominica, Cuba, Antigua y Barbuda, Guatemala, Granada, Belice, Uruguay y Bolivia no generan la información estadística suficiente para poderlos estudiar dentro del IGI. “Estos países tienen solamente seis o menos indicadores de medición por lo que podemos catalogarlos dentro de la zona de impunidad estadística y problemas estructurales. Sus gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor para reportar sus estadísticas a Naciones Unidas”, señala el documento.