Pese a la insistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto para convencernos de que lo ocurrido en Iguala, el asesinato de tres jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43, es algo localizado que no es la vida cotidiana del país, la terca realidad desmiente al presidente y a sus corifeos que pululan por todas partes para servir al poder, aun mintiendo o falseando los hechos.
El domingo pasado una nota periodística mostró una buena parte de la realidad: 14 policías federales fueron detenidos en Matamoros, Tamaulipas, acusados de plagio y extorsión. Resulta que estos policías forman parte del grupo que llegó hasta esa ciudad fronteriza para apoyar en operativos de seguridad ante la oleada de violencia desatada por grupos de narcos que se disputan la plaza. Y como si no fuera suficiente con los delincuentes organizados, esos policías hoy detenidos se dedican a la lucrativa actividad del secuestro y extorsión para lo cual privaron a un empresarios local por cuyo rescate exigieron 2 millones de dólares. La familia denunció los hechos y al momento de recibir el dinero que habían pedido, fueron detenidos y ni modo que dijeran que no habían sido ellos. Quienes deben proteger el Estado de Derecho, se encargan de violentarlo.
Ese mismo día, se publicó otra nota donde se decía que en la antes pacífica Baja California Sur, tras la llegada de la Gendarmería nacional, han aumentado exponencialmente los crímenes dolosos.
Pero la violencia que se vive en el país adquiere diferentes formas e intensidades. Por ejemplo, es violencia el hecho de saber que en la primera licitación de la ronda uno para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México participan 19 empresas, entre otras, la Chevron (estadounidense), la Shell (angloholandesa), Lukoil (rusa), Total (francesa) y hasta una colombiana Ecopetrol. Así, lo que ha hecho Pemex toda la vida, lo harán ahora empresas extranjeras.
Es también violencia que el presidente sea capaz, primero, de imponer a quien será la primera fiscal general de la Nación; y luego, que por razones políticas más que jurídicas, haya impuesto a uno de sus empleados, que ha dirigido el CISEN y ha sido procurador general de justicia, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inhabilitado entre otras cosas porque no es jurista, porque su carrera la hecho en la burocracia dedicada a las tareas de seguridad con escasa relación con la impartición de justicia que ha de cumplir la Corte, donde Eduardo Media Mora, policía más que jurista, será la voz del presidente, logrando así borrar las líneas de separación de los poderes que forman la República.
Finalmente, el relator especial sobre tortura de la ONU, Juan F. Méndez, ha llegado a una conclusión que todos los mexicanos sabíamos: en México se practica la tortura de manera generalizada por parte de las llamadas fuerzas del orden. La Policía, pero también las fuerzas armadas, dijo el relator especial, “participan activamente” en la tortura y concluyó sugiriendo: tipificar la tortura como delito grave en todo el país, eliminar el arraigo, retirar a los militares de labores relacionadas con la seguridad pública, garantizar que todas las denuncias sean investigadas y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos y garantizar el derecho a una reparación integral.
La realidad es muy distinta a la que nos cuentan los administradores del poder.