El concepto de modernidad con el que tanto se pavonean el gobierno del estado y la presidencia municipal de san Andrés Cholula (el ayuntamiento de san Pedro ha tenido la sensatez de deslindarse del proyecto que afecta la zona arqueológica de Cholula y de la represión que afecta a sus opositores) es una noción que debe incluir en primerísimo lugar, porque a ella se debe, el ejercicio de la democracia, que consiste, pongan atención señores funcionarios, en consultar a los gobernados antes de tomar una decisión que afecte su forma de vida, es decir, sus tradiciones y su cultura.
Esa simulación de democracia que en México identificamos con el proceso electoral ha sido entendida por los funcionarios públicos como una patente de corso para hacer con los bienes y recursos públicos lo que les viene en gana. Creen que por haber “ganado” una elección, generalmente fraudulenta, mediante la compra del voto, tienen el derecho de imponer su voluntad y disponer de los recursos públicos y bienes patrimoniales de la sociedad según los dictados de un estrecho criterio y del interés en poner en marcha infinidad de negocios mediante las obras pública y encima pretenden que la gente aplauda sus acciones.
Ha pasado casi medio año desde que se inició la defensa del patrimonio nacional en la zona arqueológica de Cholula y se ha logrado suspender la construcción de una infraestructura turística que hubiera afectado irremediablemente la zona arqueológica.
El costo ha sido alto: el encarcelamiento de Adán Xicale, de su hijo Paul y de los hermanos Tlachi, así como las órdenes de aprehensión giradas contra al menos 10 personas, algunas de las cuales, brillantes jóvenes profesionistas que han cometido el delito de defender el patrimonio de los mexicanos, han tenido que abandonar el país ante el ambiente de persecución que se vive en el estado.
En otros tiempos, estos hechos hubieran avergonzado a los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución encargada de velar por la integridad del patrimonio histórico y cultural de la nación.
Pero los funcionarios de hoy deshonran la memoria y el trabajo de investigadores con autoridad académica y moral como Manuel Gamio, Alfonso Caso, Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú, Enrique Florescano entre muchos otros. La política del INAH que hoy podemos ver aplicada en la zona arqueológica de Cholula es la de implementar la arqueología del agujerito. Le llaman “salvamento” al hecho de asomarse a los hoyos que van dejando las máquinas a su paso, para dictaminar con voz engolada que los vestigios hallados no tienen mayor importancia, que las obras pueden continuar. ¡Valientes arqueólogos son estos mercenarios de la cultura!, su papel ha quedado indignamente reducido al de las garzas que van detrás del tractor, o de la yunta de bueyes, recogiendo lombrices para alimentarse.
Hasta la fecha no conocemos el proyecto ejecutivo –que suponemos modificado en varias ocasiones ante la inconformidad social– pues ni los funcionarios del gobierno del estado, ni los municipales ni los del INAH se han dignado darlo a conocer. Les gusta operar clandestinamente a estos servidores públicos, a estos demócratas que reiteradamente declaran a los medios que el proyecto está cancelado, mientras las máquinas continúan trabajando sin que nadie sepa a ciencia cierta cuál es el objetivo final de estas obras. No están acostumbrados a informar estos profesionales de la simulación.
Si lo que quieren es promover el turismo, pues es una de las prioridades del gobierno federal, pues háganlo con un poco de inteligencia y no maten a la gallina de los huevos de oro: reinicien las excavaciones arqueológicas en la zona, en lugar de pensar en jardincitos y andadores, y los turistas van a llegar como abejas a la miel.
La única salida que tiene el INAH para operar seriamente como una institución federal que garantice la integridad del patrimonio arqueológico y colonial, es que funcione como una entidad autónoma, dirigida por académicos de alto nivel profesional y ético, solo de esta manera dejará de estar sujeta a los caprichos, ocurrencias y negocios de los gobernantes en turno.
Quienes hemos participado en la defensa del patrimonio nacional en Cholula tenemos la vaga esperanza de que alguien en el Congreso de la Unión tome la iniciativa y proponga una reforma legislativa que modifique la condición subordinada que actualmente tiene el INAH y le otorgue facultades para actuar eficazmente en la protección y el desarrollo de la investigación del patrimonio cultural de los mexicanos.
El otro aspecto de primera importancia que debe ser considerado es el de los derechos culturales y religiosos del pueblo cholulteca.
El desdichado Proyecto de las Siete Culturas (o como quiera que ahora se llame) del gobierno estatal y municipal de san Andrés Cholula, en su propósito modernizador y dignificante (de lo que ellos mismos han des–modernizado y degradado otorgando permisos para construir y acumular chatarra) es también, un grave atentado contra una muy antigua tradición religiosa que tiene como centro el santuario de la virgen de los Remedios, ubicado en la cima de la Gran Pirámide y que congrega año con año a varias docenas de pueblos y barrios del valle Cholulteca.
El Proyecto, operado clandestinamente y al que solo han tenido acceso los iniciados en los misterios de las componendas y la corrupción, pretendía ¿o todavía pretende? cercar el entorno de la zona arqueológica, lo que restringiría, lógicamente, el libre acceso de las multitudes de fieles al santuario.
El culto a la virgen de los Remedios es una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes del país. Las autoridades civiles y eclesiásticas lo saben pero parece importarles poco su afectación.
El pasado 28 de febrero se le encargó al capellán del santuario la realización de una misa, la cual se le pagó, para pedir por la libertad de los presos políticos encarcelados por defender el patrimonio cultural y los derechos religiosos de los cholultecas, y por la suspensión definitiva del Proyecto que dio lugar al conflicto. Cuando en capellán leyó el texto que se le entregó, en el que se explicaba el motivo de la misa, hizo como que la virgen le hablaba y simuló desconocer de qué proyecto se trataba.
No soy creyente, soy un observador atento de las manifestaciones religiosas. Lo que veo en Cholula es una contraposición entre los intereses de la feligresía, que se opone a cualquier proyecto que obstaculice el libre acceso al santuario o pretenda modificar las centenarias costumbres religiosas en torno a la adoración de la virgen, y por otro lado la renuencia y los titubeos de la jerarquía eclesiástica para estar decididamente al lado de los fieles.
Este mismo capellán, por ejemplo, se negó a dar la misa con la que concluyó la histórica procesión de la virgen por los terrenos de san Pedro y san Andrés, procesión que logró unir, después de trescientos años de división, a los fieles de ambos municipios en torno a un objetivo común: defender el culto a la virgen, es decir, defender sus derechos culturales y religiosos.
¿Quién le ordenó al capellán no oficiar esa misa, a la que en un principio se había comprometido? ¿Quién imprimió y repartió miles de volantes en los que se invitaba a la población a no asistir a esa procesión diciendo que los organizadores eran anarquistas que tenían la intención de dividir a las familias y a la comunidad cristiana? Solo dios y algunos suspicaces lo saben.