Claudio Rosas Grande, vecino de San Miguel Papaxtla, interpuso este sábado una denuncia por el despojo de sus tierras contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno estatal por la liberación de un decreto expropiatorio que carece de sustento legal.
La denuncia es la 339/2015/sacho, que se presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común de San Pedro Cholula.
Esto debido a las afectaciones en sus tierras por el ingreso forzado de maquinaria de la empresa Bonatti Spa en su propiedad para iniciar la instalación del gasoducto Morelos.
A su vez, también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde cuentan con un expediente abierto solo para Puebla por las violaciones a sus garantías por el caso del megaproyecto.
En enero pasado, la Secretaría General de Gobierno de Puebla empezó a enviar citatorios a propietarios de predios que no han autorizado el derecho de vía a la CFE para la instalación del gasoducto, a quienes intimida con imponer la obra con el ingreso del Ejército y la Policía Federal si es necesario.
La amenaza quedó demostrada este fin de semana, cuando el convoy de camionetas del Ejército y patrullas con policías federales entró al predio de don Claudio Rosas.
De acuerdo con el abogado Fernando Cuéllar, se presentó una denuncia por despojo en contra de las autoridades y quien resulte responsable.
Recordó que hace apenas unas semanas se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque la CFE no respetó la orden de suspensión provisional de la instalación del gasoducto en la zona de alto riesgo volcánico, que comprende a los pueblos que cercan el Popocatépetl, como es Acuexcomac, Nealtican y Papaxtla.
Recientemente pobladores de la región del volcán fueron recibidos por la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar la situación que viven por la construcción forzada del megaproyecto.
En junio pasado el juzgado Primero de Distrito concedió un amparo al Comité de Ciudadanos en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de Nealtican.
El recurso jurídico fue presentado desde el 16 de mayo y fue el 5 de junio cuando la juez Rosaura Rivera Salcedo notificó que “se decretó la suspensión de oficio del acto impugnado”; es decir, de la construcción del gasoducto Morelos.
Actualmente el proceso legal número 751/2014, que recayó en la juez Primero de Distrito, Rosaura Rivera Salcedo, está en subjúdice. Esto quiere decir que el incidente está pendiente de resolución judicial.
“La suspensión provisional de la obra del gasoducto se otorgó el 3 de junio, y el día 28 le pedimos a la juez que ejecutara las medidas necesarias porque la CFE no respetó su ordenamiento”, declaró Cuéllar.
En tanto, señaló que la PGR sigue la integración de la averiguación previa 1215/28/2014 contra la CFE y “quien resulte responsable” por la violación al amparo que ordena la suspensión provisional de todas las obras.
Finalmente, el representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” explicó que las indagatorias de la dependencia federal “tendrán que repartir responsabilidades”, y por eso es muy probable que involucre a la empresa italiana Bonatti Spa, contratada por la CFE para construir el ducto.