La tragedia de Ayotzinapa generó un proceso de articulación política de un movimiento social que desde hace tiempo ya viene pugnando por cambios sociales en el país, pero también el despertar de otros que mostraron su indignación. Desde los ámbitos locales y regionales, en diversas escalas y dimensiones se presentaron muy diversas expresiones demandando la presentación con vida de los normalistas y repudiando la violencia imperante en el país y expresada en toda su complejidad en lo que los hechos de Iguala iban revelando.
En lo local, y específicamente en la Universidad Autónoma de Puebla, una parte importante de su comunidad y, principalmente, los jóvenes estudiantes, sintieron la necesidad de solidarizarse con los familiares, alumnos y profesores de la normal de Ayotzinapa por el asesinato en Iguala aquel 26 y 27 de septiembre trágicos, donde seis personas, entre ellos tres normalistas, son asesinados y 43 normalistas desaparecen después de ser detenidos por elementos de la fuerza pública local ante la mirada militar complaciente. Por eso el grito de “Vivos se los llevaron… Vivos los queremos” sigue vigente, al igual que el señalamiento de responsabilidad de lo que se ha caracterizado como un narco–Estado.
Jóvenes de la UAP de diversos programas de licenciaturas y posgrados de diversas facultades se sensibilizaron, generando su propia organización en la Asamblea Universitaria para, a partir de ahí, participar con otras universidades en la Asamblea Nacional Universitaria, coordinando acciones de paros y movilización social en ámbitos estatales y nacional, además de convocar a otros sectores de las universidades y de la sociedad.
Hacía tiempo que la comunidad universitaria no salía con esa fuerza a las calles, y no era para menos: el ataque fue frontal contra jóvenes estudiantes y eso sensibilizó a nuestra amplia comunidad, más allá de grupos organizados que participan de la vida política en la universidad.
Vimos también en ese proceso muchos “operadores” de instancias institucionales, básicamente de la Secretaría General, tratando de valorar e interpretar lo que ocurría, seguramente buscando identificar a los jóvenes que destacaban en la organización y en la actualidad, por lo menos en la Facultad de Economía, a algunos de esos jóvenes se les cierra el paso para participar el 13 de febrero en el proceso electoral de renovación del Consejo Universitario a partir de no poder acceder a la documentación para su registro.
El mecanismo de exclusión es relativamente sencillo: sale una convocatoria de manera general, aunque en las facultades se hace de conocimiento días después; en Economía esto sucede el 23 de enero. Para poder registrarse los estudiantes deben presentar un kárdex legalizado por la Dirección de Administración Escolar, trámite que implica ocho días hábiles posteriores a la solicitud, mientras que el registro se plantea el 31 de enero de 10 am a 18 pm, con la presencia de un representante del Consejo Universitario. De manera semejante, los académicos deben presentar una carta de antigüedad de la Dirección de Recursos Humanos. La posibilidad de participar se ve truncada por no poder presentar en tiempo y forma los requisitos, salvo que la Dirección de la Unidad Académica u otras instancias “agilicen” el trámite, lo cual supone ciertos condicionamientos o directamente la imposibilidad de registrarse.
Un requisito burocrático que puede documentarse de otras maneras en las unidades académicas se transforma en una exclusión política en términos institucionales, que deja sin voz a los jóvenes o a académicos que están buscando participar en la vida universitaria y del país. Tener un consejo “terso”, sin cuestionamientos, sin estudiantes ni profesores que alcen la voz para plantear preocupaciones colectivas ¿a quién beneficia?, más en un país convulsionado. Por qué desde sectores de la burocracia institucional, con poca visión política, se busca excluir a los que impulsaron la protesta solidaria frente a la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿a quiénes representan?