En un entorno de crisis política y económica del país y una sociedad que se volcó a la calle en demanda de justicia y la aparición con vida de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y que no está conforme ni con el actuar ni con las explicaciones que buscan cerrar el caso, amenazando con la aplicación de mano dura para los que no acepten o se radicalicen.
Algo tiene que cambiar en este país, comenzando por el Estado y sus instituciones, que permita frenar la impunidad y la corrupción que prevalece. Por sí mismo no lo hará, transitar a un nuevo Estado con base en una nueva y/o diversas fuerzas que impulsan un cambio social, que se expresan hoy tanto a nivel local en comunidades y regiones como a nivel global en términos de disputas electorales y movilizaciones sociales, es decir en construcciones desde abajo pero también desde arriba; creo que es el momento que estamos transitando.
No es tarea menor, ya que ese Estado hoy está entrelazado con el poder económico, político y militar de grupos que gestaron ese poderío al amparo de actividades ilícitas y corrompiendo al conjunto de instituciones, que en teoría están para resguardar la seguridad nacional; por tanto, la vida de nosotros. En mi lectura, la salida de la crisis de los ochenta y el arribo del salinismo a los Pinos significó un periodo donde el dinero del narco penetró el aparato económico, ya que permitió financiar un sinnúmero de actividades que se visibilizan como desarrollos inmobiliarios, industriales, comerciales y de servicios, que hasta la fecha continúan y que resultan difíciles de explicar solo a partir de la expansión de actividades lícitas.
El narco se hizo empresario con la anuencia y promoción gubernamental porque inyectaba recursos y divisas a la economía, pero con el tiempo arribó a todos los ámbitos de la política, a través del financiamiento de candidatos y campañas. Cuando lo político se convirtió en negocio no solo para los que históricamente eran sus representantes, sino que permeó a toda las fuerzas de oposición (derechas e izquierdas), que se volvieron gobierno en el ámbito federal y estatal, complejizando aún más los entramados y prácticas sociales.
Los principios asociados al cambio social en la búsqueda de erradicar la pobreza y las grandes desigualdades, quedaron como parte de una narrativa vacía de contenido. El caso de Iguala es representativo de lo anterior, que mostró en toda su crudeza una historia y un presente trágico, donde los abusos cometidos por militares y policías, se evidencian, hoy con nuevos actores hechos gobierno y al amparo de la “guerra” contra las drogas, donde las fosas encontradas demuestran, como lo dice Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial 2015, “una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas por parte de militares y policías”.
En 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, la guerra implicó la militarización del país y una espiral de violencia sumada a una catastrófica situación de seguridad pública que ha costado la vida a más de 90 mil personas en México, según cifras de HRW. Ocho años después, la militarización y la generación de cuerpos de élite en un contexto de concentración de la seguridad pública en manos de la Federación y que vimos operar cuando el gobierno envió a Chilpancingo y Acapulco, a la Marina y la Policía Federal, amparados en que ya Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, dio a conocer mediante conferencia de prensa la “verdad histórica” de lo ocurrido en el llamado caso Iguala donde “los jóvenes fueron secuestrados, asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos, arrojando los restos al río San Juan”, y que por tanto debe cerrarse, bajo la advertencia de la Secretaría de Gobernación, de que no se van a tolerar más hechos violentos protagonizados por “grupos radicales”.
Sin embargo, para los padres y buena parte de la sociedad que los ha acompañado en esta tragedia, esa “verdad histórica” no convence y el grito de que “ vivos se los llevaron … vivos los queremos” sigue vigente.