El Congreso del estado dio entrada a una iniciativa de reforma del PAN que endurece las sanciones contra personas que recurran a la pinta de bardas sin autorización, incrementando hasta 12 años el tiempo en prisión y eliminando la posibilidad de mediación, con la que actualmente es posible sustituir la acción penal con trabajo a favor de la comunidad.
El nivel de represión, persecución y censura al que se está llegando en Puebla en este régimen es grave e inaceptable. Tipificar como un delito que no alcance libertad condicionada el hecho de afectar con pintas el patrimonio de terceros o de la comunidad resulta por donde quiera que se le vea desorbitado.
Es cierto que una acción que atente contra la propiedad debe ser sancionada, pero hay niveles. Y el de una pinta se encuentra bien, justo y claro en un reglamento municipal o Bando de Buen Gobierno, no en una legislación punitiva.
Esta iniciativa difícilmente puede ser considerada como independiente de la política represora y autoritaria que caracteriza Rafael Moreno Valle y parece no solo obedecer a un intento por coartar la libertad de expresión –pues abundan pintas, grafitis y esténciles de repudio a sus maneras de gobernar–, sino que en lo particular respondería a las manifestaciones de rechazo que fueron plasmadas en el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia durante la marcha del martes de la semana pasada, cuando estudiantes de la UAP protestaron por la represión de la Policía de la que fueron víctimas.