El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del Estado de Puebla inició este viernes un diálogo con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, con la mediación de las autoridades federales, donde se abrió la posibilidad de poner en libertad a los presos políticos aprehendidos en el último año.
Desde que principiaron las pláticas, propiciadas por la intervención del gobierno federal, se han encontrado elementos suficientes para sospechar que la administración morenovallista no tiene en realidad la intención de llegar a acuerdos sostenidos con las organizaciones y que lo que busca es dilatar al máximo la solución a las demandas planteadas.
El hecho de que Juan Carlos Flores Solís haya sido puesto en libertad no debe ser considerado ingenuamente como un resultado de estas mesas de trabajo, pues su salida de la cárcel era un hecho que se venía anticipando desde hace meses, antes de que hubiera el diálogo cuestionado.
Una muestra de la ambigüedad y el doble discurso que tiene el gobierno del estado queda evidenciado precisamente en que mientras a Flores Solís se le pone en libertad, no se levanta el cautiverio domiciliario al que está obligada la campesina Enedina Rosas Vélez, opositora como el vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, al gasoducto que plantea el proyecto Morelos.
Asimismo, prosigue el hostigamiento al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, lo que demuestra que en realidad no hay voluntad de las autoridades de desistir en la persecución y represión a sus opositores.
Si el gobierno tuviera intención verdadera de cumplir los acuerdos, tendría que empezar por admitir que las acusaciones y procesos contra los presos políticos están amañados.