Jueves, marzo 28, 2024

Es claro a quién beneficia que se congele la reforma de la ley contra la trata de personas

Hay una discusión en el ámbito nacional en referencia a la reforma de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. La iniciativa de la reforma fue presentada por la senadora Adriana Dávila el año pasado, para abarcar puntos que la ley vigente no considera, misma que fue aprobada por el Senado de la República este año. Pasó a revisión al Congreso de la Unión donde hubo discusiones por parte de la sociedad civil en las que participé por parte de la fundación ¿Y quién habla por mí?

La reforma comprende lo señalado por el Protocolo de Palermo en referencia a la trata que incluye en su artículo 10o que se castiguen: conducta, medios comisivos y fines. La ley vigente sólo castiga “a quien explota” sin ir más allá del concepto que, absurdamente, refiere todo y nada, y no concreta elementos necesarios para que el Ministerio Público integre averiguaciones y compruebe delitos.

De igual manera la reforma plantea supervisar a las AC’s que atienden a las víctimas de trata por varias razones: México es el único país donde las AC’s en apoyo a las víctimas son dirigidas por personas que nunca han sido víctimas. En otros países las sobrevivientes dirigen estos organismos porque sólo ellas saben hasta dónde son guidadas de manera adecuada en su reinserción a la sociedad; si el objeto social se cumple cabalmente; si sus necesidades son atendidas para que sean personas independientes, y que se sepa y discuta cómo se usan los recursos entregados para su atención. Además, que se hable de prevención y haya instrumentos para medir la eficacia de la misma.

Esto nos lleva a otro asunto delicado: el esquema de México se presta ampliamente para que haya un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de las personas, mismo del que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya se pronunció. Y es el caso de cerca de 10 AC’s detectadas y fundadas por la señora Rosi Orozco, (que no es sobreviviente de trata) presidenta de unidos contra la trata y quién más se ha opuesto a la reforma. Los objetos sociales de sus AC’s son tan amplios que abarcan todo en general y en abstracto, y nada en particular y en concreto… y donde nunca se maneja el tema de la prevención. Por esta razón recibe dinero por cualquier motivo de parte de organismos federales, estatales, municipales, así como de organismos internacionales, embajadas, empresas y particulares tanto nacionales como internacionales… Y no se sabe exactamente cuánto dinero maneja para su financiamiento y de dónde viene… Además nadie la puede supervisar. Sólo se sabe que en 2014 recibió 8 millones de pesos por parte de organismos públicos en México, de ahí, nada es contabilizable.

Pero las razones más poderosas están en los entretelones y el trasfondo de esta discusión: ¿A quién beneficia la minuta que el Congreso envió, en fecha reciente, de regreso al Senado para una nueva discusión, donde lo más probable es que al enviar el Senado nuevamente observaciones al Congreso, ésta reforma quede congelada y la ley vigente permanezca íntegra y no cambie en nada?

Es claro: a Rosi Orozco. Por varias razones: 1. Porque la ley vigente es de su maternidad y con ello se vende como la única que conoce del tema y la que puede capacitar en los 32 estados de la República a las Procuradurías en la aplicación de la ley (actualmente cobra 8 mil pesos por persona en cursos para 30, un total de 240 mil pesos por cada curso en cada Estado); 2. que se continúe sin poder supervisar y contabilizar sus financiamientos, así como la opacidad en la que éstos se usan. Y sobre todo, 3. que la trata siga siendo un negocio para los retratantes, y que nunca se hable de prevención ni haya instrumentos para medir la eficacia de la misma.

Les dejo el siguiente artículo de la revista Proceso para más información de quién es Rosi Orozco:http://laicismo.org/detalle.php?tg=198&pg=1&pk=9688

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