Con la asesoría técnica del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Cupreder, la Coalición de los Pueblos del Popocatépetl por el Respeto a sus Derechos interpondrán hoy martes un juicio de amparo colectivo contra la instalación forzada del gasoducto Morelos, que se construye en la zona de alto riesgo volcánico.
La cita es a las 11 horas en el edifico del Poder Judicial del estado de Puebla, donde campesinos, amas de casa e indígenas de las comunidades que cercan el volcán, acompañarán a un equipo de abogados que promoverá el juicio de garantías.
La investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Argelia Arriaga adelantó que el amparo será promovido por pobladores de las comunidades que están dentro de la traza del gasoducto.
Precisó que también se interpondrá una denuncia en contra de los ayuntamientos de Atlixco, San Pedro Cholula, Nealtican, San Andrés Calpan, Tecuanipan y otros municipios que liberaron licencias y permisos para la construcción de la obra y el cambio de uso de suelo.
Esto se debe a que violentaron la ley para facilitar las condiciones a empresas extranjeras que están a cargo de la obra.
Además –agregó– que la queja va en contra de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, y la Subdirección de Contratación de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Así como contra las empresas transnacionales que instalan el gasoducto, Elecnor, Abengoa, Bonatti SPA y Gasoducto de Morelos Sapi de CV.
“Las denuncias son por efectuar la obra sin la autorización de los propietarios de los terrenos de cultivo, por la instalación forzada del gasoducto, por no consultar a los pueblos originarios sobre su derecho a decidir en proyectos que les afecte o beneficie”, explicó.
Argelia Arriaga precisó que con la ejecución del gasoducto Morelos hay una serie de violaciones a los derechos de los pobladores de la región, así como al reordenamiento territorial en términos de alto riesgo volcánico.
Destacó que el amparo que se interpondrá tiene una justificación técnica a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP.
Aclaró que la asesoría se dio porque los pobladores solicitaron el respaldo de ambas instituciones.
La declarante expuso que después del amparo vendrá otras denuncias que se harán de forma escalonada en los próximos días, a fin de garantizar la integridad de los pobladores que habitan comunidades por donde atravesará la tubería del gasoducto.
La investigadora lamentó que a pesar de que hay una suspensión provisional en el tramo del gasoducto que comprenden las localidades de Tecuanipan–Nealtican–Papaxtla, el gobierno federal, estatal y municipal no está acatando la orden de un juez federal.
“Están azuzando a los habitantes de Nealtican y otras localidades donde pasará el gasoducto, con el fin de que cedan los derechos de vía a la CFE”, explicó en entrevista.
Finalmente, informó que el proceso judicial contra la construcción del gasoducto Morelos estará vigilado por organismo internacionales, para evitar que se comentan procesos dilatorios que afecten a los pueblos del volcán.
Continúa la instalación
forzada del gasoducto
En las últimas semanas, la empresa Bonatti SPA ingresó con el uso de la fuerza pública a las comunidades de Nealtican, Calpan y Acuexcomac, para continuar con la instalación de la tubería.
Sin embargo, habitantes de estas localidades pararon la maquinaria pesada que ingresó la firma de origen italiano hasta los predios agrícolas, donde dañaron milpas y cultivos de frijol.
A pesar del amago de un conflicto social y choque por el ingreso de máquinas a los terrenos, el gobierno del estado se ha “lavado las manos”, bajo el pretexto de que la obra es de origen federal y que no tienen la facultad para suspender los trabajos.
En un recorrido por las comunidades donde pasará el gasoducto se pudo observar que en la zona de Atlixco y Santa Isabel Cholula ya se enterró la tubería, pese a la oposición de los pueblos; mientras en la zona de las Cholulas existe una resistencia por parte de los propietarios, que anunciaron sacarán a golpes a quienes invadan sus tierras.
Por la defensa de la tierra y oponerse al gasoducto, actualmente existen dos presos ambientalistas encarcelados, la líder campesina Enedina Rosas Vélez, en arraigo domiciliario por su severo estado de salud, y el defensor de derechos humanos, Juan Carlos Flores Solís, recluido en el penal de Cholula desde el 8 de abril pasado.