Dos de las principales fuerzas políticas en Puebla, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), han coincidido esta semana en la exigencia de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, sea destituido de su cargo y sometido a proceso penal por la represión contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
En cambio, el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita el mandatario, ha preferido evadir una postura sobre el supuesto cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al abuso policiaco.
Es evidente que los posicionamientos del tricolor y el sol azteca obedecen a intereses de carácter electoral y se anticipan a la contienda del próximo año; sin embargo, no deja de ser significativo y hasta reconocible que ambos institutos políticos asuman el papel de oposición verdadera del que habían carecido hasta hace poco.
No obstante, las declaraciones deben ser acompañadas con hechos, sobre todo en el caso del PRI, que ha exigido que la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones y que la investigación sobre los hechos de San Bernardino sea atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo que corresponde a Acción Nacional, no se podía esperar más ni menos: hace años que ese partido en Puebla se convirtió en una franquicia al servicio del gobernador y solo sirve como caja de resonancia de sus deseos.