Con el rictus conteniendo el llanto, Elia Tamayo Montes, la madre que perdió a su hijo de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por la represión de la Policía Estatal del 9 de julio, exigió que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se presente en San Bernardino Chalchihuapan a pedir la disculpa que le recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y anunció que lo demandará por el asesinato de su hijo.
“¡Es por el señor gobernador, él no merece estar en el cargo!, ¡él merece estar en la cárcel por todo lo que está haciendo, y no las personas que son inocentes (que) están encarceladas, mientras que él, que mató a mi hijo, dice que me va a reparar los daños!”, reprochó, flanqueada por otras mujeres de esa junta auxiliar de Ocoyucan: esposas, hijas, madres, hermanas de los cinco hombres detenidos con brutalidad la madrugada del pasado sábado.
Las mujeres ofrecieron una rueda de medios en la explanada principal de San Bernardino, frente a la presidencia subalterna, ayer al mediodía. Su propósito fue dar a conocer detalladamente los abusos, violaciones y delitos cometidos el sábado por la fuerza pública durante las detenciones.
Reiteraron que varios de los aprehendidos ni siquiera son las personas señaladas en fotografías que ha publicado en su cuenta de twitter la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y pidieron que los portales, periódicos, noticiarios de radio y televisión den difusión a la arbitrariedad, tal vez a sabiendas de que existe un severo cerco mediático manejado desde Casa Puebla.
Las víctimas colaterales del desmedido uso de la fuerza pública y de procesos judiciales amañados, como han dicho, estuvieron acompañados también por autoridades y representantes de otras juntas auxiliares y del politólogo y defensor de los derechos humanos, Misraím Hernández Fernández, miembro del Contingente Puebla, que se ha solidarizado con su causa.
Frente a la mesa desde la que brindaron sus testimonios, las féminas colocaron un enorme mazo, de esos que sirven para derrumbar paredes de concreto, y explicaron que fue uno de los artefactos con los que la Policía –que arribó a Chalchihuapan en vehículos sin placas, engomados, ni ningún otro tipo de identificación oficial– destruyó puertas, enrejados, ventanas y todo lo que encontró a su paso. La herramienta fue abandonada tras la violenta irrupción.
De la manera en que los policías procedieron a la detención basta un ejemplo: a la casa de Vicente Juárez García, quien dormía con su familia, ingresaron por la fuerza y lo sacaron a golpes. Su hija de tres años trató de defenderlo y entonces uno de los uniformados le apuntó con su arma de fuego a la cabeza. Al agraviado ni siquiera le permitieron vestirse y así se lo llevaron, relató su cónyuge, Mónica Varela.
Un procedimiento similar sufrió una anciana de 77 años, quien prácticamente despertó de su sueño a una pesadilla, cuando un policía le encañonó el rostro.
Rafael Moreno Valle Rosas, pretende seguir abusando del pueblo de Chalchihuapan, porque supone que sus acciones están opacadas por otros casos de violaciones graves a los derechos humanos en el país, como el de Ayotzinapa y Tlatlaya, advirtió el activista Misraím Hernández.
Por su parte, pobladores de Chalchihuapan, a través de una vocera, advirtieron que el gobernador de Puebla no debe seguir buscando culpables por la crisis que se vive en esta junta auxiliar de Ocoyucan, pues el único responsable es él, “aún más que el procurador Carrancá y Facundo Rosas”.
A Elia Tamayo, progenitora de la principal víctima de San Bernardino, y quien por esa desgracia ha pasado a ser una suerte de símbolo de la dignidad y la entereza de su pueblo, se le preguntó por qué no asistió el viernes pasado al acto oficial de desagravio al que fue convocada con otros perjudicados del 9 de julio, por el gobierno de Moreno Valle:
“¡Con todo lo que me dé no va a parar a mi hijo: él (el gobernador) arruinó mi vida, arruinó a mi familia, nos quitó un hijo! Él piensa que con lo que me va a dar va a recuperar a mi hijo: ¡jamás!”, contestó.
Y abundó: “¡Dejó destruido mi corazón!. Yo pido justicia. Él (el mandatario) merece estar en la cárcel y no personas inocentes”, sentenció.