SourceURL:file://localhost/Volumes/edicion_mac/internet/cce.doc
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Fernando Treviño Núñez, señaló que el gobierno del estado tiene la obligación de cumplir con los derechos humanos durante la ejecución de órdenes de aprehensión, ante las denuncias constantes de violencia y abusos que pesan sobre los elementos de seguridad estatal.
En relación con las últimas detenciones realizadas contra cinco pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que le corresponde al Poder Judicial revisar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el operativo de arresto.
“No por el hecho de ser acreedor a una orden de aprehensión implica que mis derechos humanos sean violados”, indicó el líder patronal al ser cuestionado sobre el tema durante una conferencia de medios del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
Los cinco habitantes de San Bernardino Chalchihuapan fueron detenidos la madrugada del sábado, y según el testimonio de familiares y vecinos los policías ministeriales que participaron en el operativo agredieron física y verbalmente a mujeres, ancianos y niños, además de que rompieron puertas, chapas, ventanas y mobiliario.
Fernando Treviño aseguró que no tiene certeza del comportamiento que tuvieron los elementos de seguridad pública en el arresto, pero se solidarizó con los pobladores de esa junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan.
“Pedimos en favor de los habitantes que los operativos se realicen respetando en la medida de las posibilidades los derechos humanos de las personas (…) hay que apegarnos a derecho”, manifestó el presidente del CCE.
Además, aclaró que las detenciones debieron respaldarse con órdenes de cateo y de aprehensión, pues solo así tendrían una justificación legal.
Otro de los temas abordados durante la conferencia de medios fue la posible conformación de una Policía Comunitaria en San Miguel Canoa, que anunció el presidente de esa junta auxiliar de la capital poblana, Raúl Pérez Velázquez.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, Andrea Ambrogi Domínguez, se pronunció en contra de esa propuesta al asegurar que la conformación de cuerpos de seguridad alternos a los constituidos por el Estado en otras entidades federativas solo ha provocado desorden.