El gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas continuó con la ejecución de bajas en personal del área de Seguridad Pública. Esta vez tocó el turno a 40 agentes del Ministerio Público y 30 peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), quienes supuestamente no aprobaron los exámenes de confianza.
La reportera Diana Jiménez, publicó ayer un despacho en el portal e–consulta señalando que fuentes de la PGJ informaron que los peritos y trabajadores de Ministerios Públicos de la capital y de las distintas regiones fueron citados este miércoles para notificarles que no aprobaron el examen de control de confianza, por lo cual serían reintegrados a otras áreas.
Cabe señalar que el lunes fueron despedidos 400 policías estatales y el martes tocó el turno a los agentes investigadores.
Los 80 agentes de la Policía Ministerial que corrieron la misma suerte se concentraron este miércoles en el auditorio de la PGJ, sin recibir indicaciones de sus superiores.
Mencionaron que ayer el director Juan Luis Galán Ruiz dijo que durante el día se les pasaría lista tres veces y que a la primera falta serían despedidos.
Asimismo, se les pidió que entregaran el gafete que los acreditaba como empleados de la dependencia, así como el equipo policiaco –pistolas, radios, entre otros– incluidas las patrullas.
Los elementos aseguran que, de acuerdo con el marco jurídico, cuando un servidor público no aprueba las evaluaciones de control de confianza, ya no es apto para seguir trabajando en cualquier dependencia de gobierno.
Por esa razón no entienden por qué la Procuraduría General de Justicia no los despide definitivamente y los liquida conforme a derecho.
Es más, señalaron que Galán Ruiz les comentó que ahora serán trabajadores administrativos y se les brindarán las capacitaciones correspondientes, aun cuando saben que ya no son “confiables”.
Los inconformes temen que los hagan firmar un nuevo contrato y, con base en las nuevas condiciones laborales establecidas, los den de baja para evitar indemnizarlos.
Es más, señalaron que Galán Ruiz les comentó que ahora serán trabajadores administrativos y se les brindarán las capacitaciones correspondientes, aun cuando saben que ya no son “confiables”.
Los inconformes temen que los hagan firmar un nuevo contrato y, con base en las nuevas condiciones laborales establecidas, los den de baja para evitar indemnizarlos.
Martín Hernández Alcántara