El gobierno que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas continuó el día de ayer con las acciones de despido y baja en las corporaciones policiacas y de Seguridad Pública. Esta vez los afectados son entre 80 y 100 agentes de la Policía Ministerial, que se suman a los 400 policías estatales, elementos de Seguridad Vial, custodios y bomberos cuya rescisión, según la versión oficial, fue por no haber aprobado los exámenes de confianza.
Es preocupante que un número tan alto de servidores públicos en un área tan delicada como la prevención, investigación y combate a la delincuencia sean echados a la calle por la razón de que no están suficientemente capacitados.
No se duda de que los despedidos no estén capacitados para sus tareas, pues la represión a vecinos de Chalchihuapan el 9 de julio pasado y otros casos que antecedieron evidencian con justicia las carencias de policías estatales; por ejemplo, pues ante situaciones de protesta social solamente incentivaron la violencia hasta niveles letales, como lo demuestra la muerte del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Sin embargo, la responsabilidad de la probidad de los elementos no compete solo a éstos, sino principalmente a las autoridades estatales, que no hicieron lo suficiente para ponerlos al nivel óptimo o al menos mínimo para el desempeño de sus funciones.
Que un grupo tan grande de agentes de las policías Estatal y Ministerial, vialidad, custodios y bomberos no sean apto para cumplir con su deber es una muestra fehaciente de que la falla se encuentra en los altos mandos, e incluso en el titular del Poder Ejecutivo.