Entre los 400 elementos de seguridad pública que fueron despedidos por el gobierno estatal, hay quienes aseguran que esa purga se debió a que estaban organizando la defensa de 36 policías estatales, quienes participaron en la represión de Chalchihuapan el 9 de julio pasado y quienes serían sometidos a proceso judicial como “chivos expiatorios” para cumplir con la recomendación que por el caso emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En las afueras de la Dirección de la Policía Estatal, varios gendarmes mostraron pancartas que hacían alusión a sus denuncias: “Gobernador, tú eres el responsable del caso Chalchihuapan. Solo cumplimos tus órdenes. No me corras por tus actos”, rezaba una y otra más: “Gobernador, yo no maté al niño de Chalchihuapan, solo cumplí las órdenes que me dieron. Tú cumple con tu deber”. “Gobernador corres estatales para meter a tu gente. No más despidos injustificados, Cumple tus promesas”, “No a los despidos injustificados”, exigían en otros mensajes más.
Sin embargo, la titular de enlace de Comunicación del Área de Seguridad Pública del gobierno estatal, Cristina Ortiz, afirmó ayer por la mañana que ni lo de Chalchihuapan ni ninguna otra causa que no sea el incumplimiento con los exámenes de confianza que obliga el Sistema de Seguridad Nacional es la causa de la baja.
El despido de esas cuatro centenas de policías, agentes de seguridad vial, custodios y bomberos, generó ayer un paro de labores de parte de sus compañeros en la capital estatal y otras regiones como Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán y Huauchinango, el cual, advirtieron los inconformes, proseguirá hoy.
En la Angelópolis y el resto de las regiones donde los elementos del sector se solidarizaron con sus compañeros, las labores de vigilancia y prevención de delitos fueron asumidas por los cuerpos de seguridad pública municipal.
Solicitando la gracia del anonimato, los policías dijeron tener conocimiento de que hay al menos 36 de sus compañeros en situación de arresto para ser procesados –“sacrificados” fue el término que utilizaron– para que la administración del panista Rafael Moreno Valle cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Advirtieron que la pretensión del Poder Ejecutivo es presentar como “chivos expiatorios” a los uniformados que solo obedecieron órdenes de reprimir a la gente de Chalchihuapan, pero que se pretende dejar a salvo a mandos medios como Marco Antonio Estrada López.
Se refirieron entonces a una nota publicada la semana por la reportera Diana Jiménez en el portal e–consulta, en la que se informó que Marco Antonio Estrada López, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), uno de los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que también dirigió el operativo de desalojo en Chalchihuapan, fue ascendido como encargado de despacho de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva.
Fuentes cercanas a la dependencia confirmaron lo anterior y revelaron que Estrada López fue designado para desempeñar el cargo que estaba desocupado desde la salida del anterior director, Óscar Alejandro Santizo Méndez, mismo que actualmente es secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla.
El nuevo mando rindió protesta frente al titular de la institución, Facundo Rosas.
Estrada llegó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando Rosas asumió el cargo en 2013. Desde entonces los elementos de la corporación señalaron que Estrada presumía haber estado en el Cuerpo de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano; sin embargo, el puesto que tenía era de cocinero, aunque esta versión no ha sido confirmada.
De acuerdo con los informantes, cuando Estrada era jefe del Goes participó con sus elementos en el operativo en Chalchihuapan, donde los policías y los pobladores se enfrentaron el pasado 9 de julio, dejando como saldo 50 agentes y 70 pobladores heridos.
La fuente documentó en ocasiones pasadas que este grupo especial de la Policía Estatal era señalado de asaltar a automovilistas en las regiones de Atlixco, Izúcar de Matamoros y otros pueblos de la Mixteca poblana, donde el año pasado fue enviado para reforzar la seguridad, pues por los límites con otros estados esa zona es foco rojo en el tema de secuestros y crimen organizado.
En diciembre de 2013 todos los agentes que estaban comisionados para vigilar esas regiones, regresaron a la capital poblana por órdenes de sus mandos y prácticamente fueron “congelados”, es decir, se les dio la indicación de no llevar a cabo ninguna acción especial, aseguramientos e incluso actos delictivos, debido a que varios de ellos tuvieron que ser procesados penalmente luego de que un ciudadano de la ciudad de Puebla los denunciara por sus abusos.
Las plazas
Otra suposición de los gendarmes que fueron despedidos es que la administración encabezada por el panista, Rafael Moreno Valle, quiere deshacerse de los elementos con mayor antigüedad para que los partidos que le sean afines en las elecciones federales del año entrante puedan ofrecer las plazas vacantes.
Dijeron que, además de que a la mayoría de los rescindidos ni siquiera se les notificó oficialmente –muchos se enteraron de su nueva situación por mensajes de sus propios compañeros a través de mensajes directos a sus celulares–, a quienes sí se les informó, sus superiores querían obligarlos a firmar una renuncia voluntaria y entregarles apenas mil pesos por cada año de servicio, cuando tendrían derecho a recibir 20 mil pesos por ese mismo periodo.
Durante la manifestación y posterior rueda de prensa que ofrecieron los uniformados afectados, se dijo que tenían información de que en las inmediaciones de la capital estaban montando guardia elementos de la Policía Federal para desalojarlos del inmueble, lo cual no ocurrió.
El boletín sobre los hechos se transcribe íntegro a continuación:
“Puebla cumple con las evaluaciones en materia de Control de Confianza de personal que se desempeña en tareas de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que elementos que no cumplen con los requisitos para su permanencia, causan baja. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; la Ley de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el reglamento interno, establecen los lineamientos para el ingreso, permanencia, promoción y baja de los elementos.
“La normativa mencionada, plantea como requisito indispensable aprobar el examen de Control de Confianza para permanecer en corporaciones de seguridad. Al no ser aptos en el examen de Control de Confianza, 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal causaron baja, por lo que este lunes 29 de septiembre de 2014, se iniciaron las notificaciones respectivas, y para quienes opten por la renuncia voluntaria, se tiene previsto otorgar un finiquito.
“Cabe recordar que el examen de Control de Confianza implica entre otros aspectos: un análisis de la situación patrimonial y entorno social, así como valoraciones médicas, psicométricas, toxicológicas, y polígrafo. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal cumple con la ley para el ingreso, permanencia, promoción y baja de quienes forman parte de la institución”.
Al filo de las 20 horas trascendio que los uniformados habían llegado a un acuerdo para levantar el paro a cambio de que los despidos quedaran suspendidos.
Mas tarde, en otro boletín se aclaró que: “Ahora, estos elementos serán puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de revisar caso por caso y definir su situación administrativa. Se ratifica que sus derechos laborales están a salvo”.