Personal de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un recorrido en las comunidades rurales asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl, donde está frenada la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), para recabar información sobre las violaciones sistemáticas a las garantías de pobladores que se oponen al proyecto por parte de funcionarios del gobierno morenovallista y de representantes de la empresa italiana Bonatti SPA, a cargo de la ejecución de la obra.
Los especialistas en temas ambientalistas, laborales y económicos que arribaron a San Buenaventura Nealtican la tarde de este martes fueron Rafael Vázquez García e Iván Patrese Trujillo, quienes por más de dos horas escucharon a los agredidos.
La reunión con pobladores y ejidatarios se llevó a cabo en el patio de un domicilio particular, al que acudió una treintena de personas provenientes de pueblos que se verán afectados por la traza del gasoducto.
Una unidad de la Policía Federal estuvo vigilando continuamente el domicilio particular en donde se desarrolló la reunión, en la que participaron habitantes de la región.
En la reunión los labriegos pidieron a los representantes de la CNDH que se realice una consulta a los pueblos de origen náhuatl, como lo establecen la Constitución Mexicana y tratados internacionales firmados por el gobierno de México.
Posteriormente los visitadores, el litigante y defensor de derechos humanos Fernando Cuéllar, Selene Santamaría, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de la Tierra y el Agua, y labriegos de la zona recorrieron la ruta del gasoducto por los pueblos de San Jerónimo Tecuanipan, Santa María Acuexcomac, San Buenaventura Nealtican y Papaxtla.
Estas comunidades se encuentran asentadas en la zona de alto riesgo volcánico, por tal motivo hace unos meses interpusieron un amparo para frenar temporalmente la construcción del proyecto hasta que el gobierno no presente un estudio técnico serio sobre las afectaciones que podría ocasionar a la población.
En todo momento los campesinos dejaron en claro que están molestos en la forma en cómo se fueron presentando las cosas, ya que representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron con mentiras a sus terrenos de cultivo, sin mostrar un proyecto ni un mapa sobre la ruta del gasoducto.
Fernando Cuéllar encabezó la exposición de los hechos a los enviados de la CNDH, a quienes explicó que a la fecha se desconoce a precisión el recorrido del gasoducto, a pesar que éste se comenzó a construir por la fuerza desde el año 2011, pues ha cambiado constantemente sin informarse a los afectados.
Como prueba entregaron una copia del mapa sin logotipos oficiales que les entregó la CFE, así como solicitudes de información a los ayuntamientos para que hicieran público los datos que tienen del proyecto.
La vocera de los agraviados, Selene Santamaría, relató desde el principio cómo personal de la paraestatal engañó a los pobladores hasta confundirlos. “Nos aseguraron que todos habían aprobado ceder el derecho de vía para la instalación del gasoducto, cuando fue una mentira”.
Recordó que uno de estos representantes fue Raúl Díaz Orozco, quien dijo a los propietarios de las tierras de cultivo que los permisos ya habían sido liberados por las autoridades municipales de los tres estados por donde pasará la obra, como es Tlaxcala, Puebla y Morelos.
La declarante informó que en junio, cuando los habitantes de la región se dieron cuenta del peligro que representara para sus familias el gasoducto, acudieron a pedir una explicación a las autoridades municipales, pero señalaron que solamente encontraron respaldo a la obra por parte de los alcaldes.
Destacó que derivado de esta situación el pueblo de Nealtican tramitó un amparo que mantiene frenada temporalmente la instalación del gasoducto, por estar asentado en zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl.
Pese a ello, denunció que el pasado 23 de agosto ingresó el Ejército Mexicano a los predios de cultivo de Tecuanipan y Nealtican sin el permiso de los propietarios para resguardar la entrada de maquinaria pesada a fin de comenzar la instalación del gasoducto.
Por tal motivo, indicó que los pobladores se reunieron en los terrenos para sacar a los militares, a pesar de las amenazas de muerte hechas por ejecutivos de la CFE y la empresa Bonatti.
“Nos preguntaron que si queríamos morir por no dar permiso para el pase del gasoducto; luego nos amenazaron que nos echarían a la Policía estatal, y así fue, después vino la Policía Federal y hasta los militares”, explicó.
En Puebla, Fernando Cuéllar reveló que el gasoducto pasará a una distancia de 100 metros lineales de las viviendas, como es en el caso de Santa María Acuexcomac, comunidad de San Pedro Cholula, mientras que en Tlaxcala precisó que la tubería que transportará gas natural se ubica a una distancia de tan solo seis metros de algunas casas.
La postura de la CNDH
En respuesta, los visitadores recomendaron a los campesinos interponer una denuncia penal en contra de los agresores ante la Procuraduría General de la República, por tratarse de un proyecto de la Federación; además, sugirieron que la queja también sea presentada en contra de los servidores públicos en la misma instancia.
En el encuentro, en varias ocasiones los representantes de la CNDH respaldaron a los campesinos, al señalar que el gobierno incurrió en varias irregularidades, y que solicitarán información a la XXV Zona Militar en Puebla para que informe qué hacía personal del Ejército Mexicano en predios particulares de Nealtican y Tecuanipan hace dos semanas.
“Es triste lo que está pasando, es una traición al pueblo”, refirió uno de ellos, quien además confió en que existen muchos señalamientos en contra del secretario General de Gobierno del estado, Luis Maldonado Venegas, quien dijo es considerado un mal funcionario.
En Acuexcomac la CFE obligó a un invidente a ceder sus tierras
Según las denuncias hechas por los propios agraviados, originarios de Tecuanipan, Papaxtla y Nealtican, fue el caso de dos ancianos de Santa María Acuexcomac el que llamó más la atención por la serie de anomalías e ilícitos cometidos en su contra.
Soledad Peña expuso a los enviados del organismo nacional que personal de Comisión Federal de Electricidad obligó a su padre Antonio Peña Gregorio, de 82 años de edad, invidente y postrado en sillas de rueda, a firmar un documento en el que cede sus tierras para el paso del gasoducto.
La mujer dijo que la gente de CFE hizo lo mismo con su madre, Cecilia Ocelo Tiro, de 81 años de edad, a quien también forzaron a firmar el oficio para que no hubiera manera de pelear por la vía legal.
“Mis papás firmaron los documentos sin que estuviéramos presentes sus hijos, cuando yo soy posesionaria de la tierra y en ella tengo sembradas milpas”, se quejó.
Otros de los declarantes fueron Armando López Linares, de Tecuanipan, y Vicente Grande Pérez, de Papaxtla. El primero denunció que dentro del trazo del gasoducto se encontraron vestigios arqueológicos, en su localidad, y el segundo presentó un oficio donde solicitó información al alcalde de su comunidad sobre la obra, pero ésta le fue negada.
Los pobladores coincidieron en que la construcción del gasoducto es un riesgo para las comunidades, ya que argumentaron su cercanía al Popocatépetl, uno de los cinco volcanes más peligrosos y activos del mundo.
Al término de la reunión, Fernando Cuéllar insistió a los visitadores de la CNDH que no permitan que en Nealtican suceda otro Chalchihuapan.
“Pedimos que baje la tensión y las agresiones a los pobladores; nos quieren provocar, pero ya le pedí mesura a la gente”, concluyó.