Luego de que el pasado martes ciudadanos impidieran el cercado de la zona en donde se pretende construir la “plaza de las siete culturas”, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se deslindó de responsabilidades y apuntó que las expropiaciones en dicha área son actos que corresponden a las presidencias municipales de San Pedro y San Andrés Cholula.
Durante una entrevista que le hicieron varios medios de comunicación en el marco de la inauguración de espacios deportivos de la Universidad Autónoma de Puebla, el mandatario estatal aseguró que su administración solo se ha hecho cargo de la enajenación de las instalaciones del Antiguo Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe.
“Ayer (el martes) concluyeron los plazos y se tomó posesión, concretamente de la parte que le toca al gobierno del estado, que era el psiquiátrico. Es un proyecto que estamos realizando con el INAH; la intención es que el museo (de sitio de la pirámide de Cholula) pueda trasladarse a lo que es el psiquiátrico, que es la última obra de esta magnitud que hizo Porfirio Díaz. Es un inmueble que no estaba en uso, es la expropiación que llevó a cabo el gobierno del estado”, afirmó.
Ante la insistencia de los periodistas que le cuestionaron sobre las expropiaciones que han motivado el repudio social de los cholultecas y buena parte de la opinión pública estatal y nacional, Moreno Valle respondió:
“Hay otra parte de San Pedro y San Andrés Cholula, pero en ese tema no podría comentarles, buscaré a los presidentes municipales para que me den el estatus de los que ellos están realizando”.
Luego explicó el proyecto de la “plaza de las siete culturas”:
“Lo que se busca es un parque, dignificar toda la zona que está alrededor de la pirámide, y en 2015 queremos complementar con un tren que vaya del Museo del Ferrocarril en Puebla hasta Cholula. Sería un tren de doble uso. Este año tenemos 100 millones de pesos para el parque que está alrededor del psiquiátrico, el próximo año tendríamos que buscar recursos adicionales para el Museo del INAH”.
Este martes, antes de las 10 de la mañana, habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula se percataron de movimientos inusuales en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl y en el predio que está frente al ex Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe.
Un grupo de hombres trabajaba en la colocación de la malla ciclónica en estos predios contiguos a la zona arqueológica de Cholula como parte del proceso de expropiación de terrenos en los que se construirá la “plaza de las siete culturas”, que proyecta el gobierno estatal y los ayuntamientos de dichos municipios. Ante esa situación se organizaron para impedir que se rodeara la zona con redes de alambre y postes metálicos.
La colocación de la cerca fue resguardada por granaderos de la Policía Estatal, acción que molestó a los habitantes de ambos municipios, ya que calificaron el acto como “una intromisión y un atropello”. El malestar que generó esa acción se prolongó hasta la noche, principalmente del lado de San Pedro Cholula, según narró la reportera de esta casa editorial Paula Carrizosa.
“Ahora el robo se da con el poder en la mano”, dijo uno de los habitantes, en franca alusión a que en la expropiación de los terrenos tenían que ver directamente el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los ediles municipales de San Andrés y San Pedro, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, respectivamente.
Repetidamente a un grupo de aparentes burócratas vestidos de traje negro y zapatos lustrados les inquirieron que para qué los policías armados si estaban ejecutando una acción “legal”.
“¿Por qué le tienen miedo a la gente, por qué traen policías?”, preguntaron algunos, y otros afirmaron convencidos: “Porque Moreno Valle nos tiene miedo, miedo a la razón”.
Principalmente a los vecinos les molestó otro asunto: que la zona que se intenta expropiar, las 21 hectáreas de las que se hablan en los medios de comunicación, porque no hay información oficial, forman parte de un proceso de amparo con el número 53003/ 2014, emitido por el Juzgado Sexto del estado de Puebla, como informó Adán Xicale Huitlé, propietario de uno de los terrenos afectados y autor del amparo colectivo.