Tehuacán. En este año la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene como meta este año apoyar a 150 detenidos de origen indígena por delitos menores en los diferentes Centros de Reinserción Social (Cereso) en Puebla anunció el delegado de esa dependencia en la entidad, Juan José Tapia.
Hasta el momento ya se han liberado a 33 de esos presos, destacó el funcionario federal, quien dijo que se trata de una ayuda integral que va desde la asesoría jurídica hasta el pago de la fianza y el apoyo para proyectos productos con los cuales puedan retomar su vida fuera del reclusorio.
Juan José Tapia indicó que se está integrando el padrón de los reclusos indígenas en Puebla, así como el tipo de delitos por los cuales se encuentran privados de su libertad, debido a que el programa no puede beneficiar a todos, sino únicamente a aquellos que no hayan causado un daño grave a la sociedad, ni puedan representar un peligro para la población al quedar libres.
Si hay detenidos por narcotráfico, violación, secuestro u homicidio, definitivamente quedan fuera de toda posibilidad de apoyo, resaltó, ya que la autoridad no puede arriesgarse a reinsertar a esos ciudadanos a la sociedad.
Destacó que se atiende con especial cuidado los casos de los presos indígenas, porque muchos de ellos son víctimas de discriminación durante el proceso, por no hablar español, lo que los pone en desventaja para defenderse.
Por lo anterior, dijo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenascuenta con traductores en diferentes lenguas indígenas, quienes se encargan de atender esos procesos a fin de que los acusados conozcan perfectamente las acusaciones en su contra y puedan exponer sus argumentos de defensa de manera correcta.
El delegado indicó que la Procuraduría General de Justicia, trabajo de manera coordinada en esa materia, de modo que los jueces saben perfectamente que pueden requerir el apoyo de los traductores, cuando se necesitan para los procesos de presos indígenas.
Reconoció que en Puebla se hace un trabajo coordinado para la atención de esos reclusos, en el que participan varias dependencias que coadyuvan a que los procesos jurídicos no contribuyan a la violación de las garantías individuales de los indígenas procesados, sino que se les otorgue un trato igualitario.