La falta de una Ley de Participación Ciudadana en Puebla pesa a sus habitantes, y aún más ante el clima de autoritarismo que se vive en el estado, señaló Manuel Alberto Merlo Martínez, representante de la organización Puebla Vigila, quien lamentó que el Poder Ejecutivo local prefiera“reducir al mínimo las expresiones de oposición” haciendo uso de la fuerza, que cumplir su responsabilidad jurídica de incluir a la sociedad en la toma de decisiones.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el activista aseguró que un comportamiento similar ha asumido el Congreso de Puebla al excluir el tema de la agenda legislativa, situación que consideró reprobable porque junto con la administración estatal está orillado a los habitantes a recurrir a la presión social para exigir el respeto de sus derechos fundamentales.
“Los derechos humanos no son negociables, y el derecho a una participación política efectiva es uno de ellos porque incrementa el ejercicio legal,democráticoy transparente del poder público”, enfatizó.
De acuerdo con una revisión que realizó este diario al marco legislativo de las 32 entidades federativas del país, Puebla es una de las seis que carecen de una Ley de Participación Ciudadana y una de las tres donde el tema no se encuentra en agenda del gobierno ni del congreso.
El mismo problema enfrentan los estados de Campeche, Hidalgo, Veracruz, México y Nuevo León, de los cuales los tres últimos ya tienen programada la discusión y aprobación de la normativa en cuestión.
Aspiraciones políticas motivan el control
Merlo Martínez refirió que ya son casi cuatro años de gobierno en los que no se han discutido ni aprobado mecanismos de participación ciudadana, pese a que la Constitución del estado ya reconoce tres de ellos: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
El problema que identificó en la pasividad de las autoridades frente al tema es el control de la administración estatal sobre el Congreso y los organismos autónomos que deberían fungir como contrapesos del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión para el Acceso a la Información Pública.
Aseveró que el problema no es privativo de Puebla, ya que la necesidad de control de los gobernadores forma parte de una costumbre que impera en todo el país, donde los mandatarios de las entidades federativas se reconocen como posibles candidatos a la presidencia, por lo que intentan reducir lo más posible las voces críticas a sus gestiones por una razón de imagen.
Pese a la discordancia en las opiniones entre sociedad y gobierno, Merlo Martínez afirmó que aún es posible superar las diferencias en Puebla para redactar la primera Ley de Participación Ciudadana del estado.
“Necesitamos abrir el dialogo, demostrar que la democracia mexicana no se puede entender sin la participación política efectiva de la ciudadanía y Puebla Vigila está en la mejor intención de colaborar en el tema”, expresó.