Grupo Financiero Monex aclaró ayer su participación en la privatización del agua en Puebla: reconoció que administra el fideicomiso de Concesiones Integrales, al que van a parar los pagos de los usuarios del servicio hídrico, pero rechazó ser propietaria de 75 por ciento de las acciones, pues dijo que es “un tercero” el que “dispone de todos los derechos sobre las mismas”.
Sin embargo, la compañía –que se vio envuelta en la triangulación de recursos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012– no precisó el nombre de la firma o de la persona física que tiene potestad sobre esos títulos de valores, aduciendo que se encuentra “protegido por el secreto bancario”.
Monex realizó las puntualizaciones en una carta aclaratoria que envió ayer a medios de comunicación locales que han retomado la información difundida por La Jornada de Oriente.
El lunes y martes este diario dio a conocer que dos empresas participan en la concesión del agua potable sin haber concursado en la licitación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap): Grupo Financiero Monex y Grupo Financiero Interacciones.
Monex es fiduciaria de un fideicomiso de inversión que maneja los recursos de Concesiones Integrales –empresa que concursó y ganó la concesión del Soapap– y aparece como dueña de 75 por ciento de las acciones en un instrumento notarial.
En tanto, Grupo Financiero Interacciones, que pertenece a los herederos del priista Carlos Hank González, inyectó recursos a través de un financiamiento que Concesiones Integrales destinó al pago de la contraprestación solicitada por el Soapap.
El gobierno del estado y el sistema operador no dieron cuenta de la participación de ninguna de esas dos compañías. La única información que hicieron pública es que Concesiones Integrales es un consorcio que integraron Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), por ser las ganadoras del título de concesión.
No obstante, el instrumento notarial antes referido muestra que las tres firmas son accionistas minoritarias, pues mientras Epccor cuenta con 24.7 por ciento de los títulos de valores de Concesiones Integrales, AM tiene 0.224 por ciento y Ticsa 0.011 por ciento.
El fideicomiso es legal: Monex
Monex, que preside y dirige Héctor Lagos Dondé, rechazó ser el dueño del consorcio que tiene la concesión del servicio de agua potable en Puebla, pues aseguró que únicamente es el fiduciario del fideicomiso de inversión.
“Es decir, (Monex) solamente presta el servicio a un tercero, que consiste en administrar los bienes que integran dicho instrumento bancario”, explica la compañía en la carta aclaratoria.
Más adelante, en el mismo documento, agrega: “Es este tercero –quien está protegido por el secreto bancario– el que aporta el dinero para la compra de las acciones, y quien dispone de todos los derechos sobre las mismas, al fungir como fideicomitente”.
Monex afirma que las acciones pertenecen al patrimonio del fideicomiso, por lo que no tiene derecho alguno sobre éstas, las cuales “sólo pueden ser utilizadas para los fines especificados en el fideicomiso”.
De paso, puntualiza que “el fideicomiso en referencia opera con estricto apego a la normatividad, está regulado por la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y es supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México”.
El proyecto de RMV
La privatización del Soapap surgió como un proyecto de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, cuyas autoridades argumentaron que era necesaria la participación de la iniciativa privada para brindar el servicio debido a que el Estado no tenía la capacidad presupuestal para realizar las inversiones necesarias en la materia.
Durante la discusión del tema en el Congreso estatal, Manuel Urquiza Estrada, ex director del sistema, aseguró a los diputados en una reunión el 10 de septiembre pasado que el organismo requería inversiones por 6 mil millones de pesos para evitar la quiebra.
Del total de recursos, 3 mil 500 millones de pesos se destinarían a mejorar la red hidráulica y las plantas tratadoras, mientras 2 mil 925 millones de pesos correspondían a la deuda del Soapap.
Los argumentos del ex funcionario estatal sirvieron a los diputados para aprobar el 12 de septiembre una reforma a la Ley de Agua, propuesta por el gobernador, que permitiría a los organismos operadores de los municipios concesionar el servicio a empresas privadas, las cuales a su vez tendrían atribuciones para fijar las tarifas del servicio y embargar a morosos.
Los amparos que promovieron cientos de ciudadanos inconformes con la privatización obligaron a los legisladores a corregir la reforma recién promulgada, pero de ésta sólo retiraron la facultad que habían concedido a la iniciativa privada para fijar los cobros del servicio y la regresaron al Congreso.
Al mismo tiempo, el Soapap realizó la licitación para ceder sus actividades al sector privado. El proceso inició el 18 de septiembre pasado y concluyó el 26 de diciembre, con la entrega del título de concesión a Concesiones Integrales.
El silencio del gobierno
Durante cinco meses el gobierno estatal y el sistema operador ocultaron el nombre del consorcio que se haría cargo del servicio hídrico, pues fue hasta la cuarta semana de mayo cuando informó a través de un comunicado que la concesión fue ganada por AM, Ticsa y Epccor.
El periodo de incertidumbre sirvió a la administración estatal para impulsar en marzo, a través del Soapap, una nueva iniciativa en el Poder Legislativo local que modificó la estructura tarifaria del servicio de agua potable.
Una vez más el decreto aprobado por los diputados fue recurrido ante la justicia federal mediante amparos que se encuentran en proceso de revisión, los cuales fueron promovidos por ciudadanos que advirtieron que la aplicación de las nuevas tarifas generaría incrementos desproporcionados en el costo del servicio.
La inconformidad social por la privatización se exacerbó con la llegada a los hogares de los primeros recibos emitidos por Concesiones Integrales en junio, debido a que se registraron incrementos de hasta 300 por ciento, incluso para pensionados y jubilados que anteriormente gozaban de una tarifa preferencial.