La primera Mesa Directiva del Congreso del estado concluyó actividades en medio de una protesta ciudadana por la emisión de las nuevas tarifas del servicio de agua potable, que corresponde a uno de los 145 decretos que los diputados aprobaron en el primer semestre de la LIX Legislatura.
Mientras la presidente de la mesa, Susana Riestra Piña, afirmó que los representantes populares impulsaron “temas centrales para la ciudadanía”, los manifestantes acusaron cerrazón y yerros en el trabajo legislativo que ahora están pagando los habitantes del estado.
Por primera vez en los siete meses de la LIX Legislatura grupos ciudadanos pudieron acceder al salón del pleno donde se desarrollan las sesiones ordinarias, para expresar su malestar a los diputados presentes.
“Su ley al vapor del agua nos está ahorcando”, “El agua es un derecho universal, no más privatizaciones” y “Nos incrementaron las tarifas en 230 por ciento, cuándo sube el salario”, fueron parte de los mensajes que se pudieron leer en las pancartas que se exhibieron frente a los integrantes del pleno.
El director general de Atención Ciudadana, Marcelino Sánchez Rivera, se acercó a los inconformes para retirarlos del pleno, con la promesa de que serían atendidos por una comisión de diputados.
“La semana pasada vinimos, nos dijeron que nos llamarían y no lo hicieron, no nos vamos a mover de aquí”, respondió el colono Eduardo Ramos Martínez al funcionario legislativo, quien optó por retirarse del lugar.
En entrevista, Ramos Martínez explicó que los vecinos del complejo habitacional Las Hadas decidieron manifestarse durante la sesión ordinaria de ayer, ante la negativa del coordinador de la bancada panista, Jorge Aguilar Chedraui, y del diputado del PRD Julián Rendón Tapia a recibirlos la semana anterior.
De paso, acusó que los legisladores intentaron impedirles el acceso a la sesión pública, dando instrucciones a los encargados de seguridad de no autorizarles la entrada.
Mostrando a la prensa los nuevos recibos emitidos por Concesiones Integrales, firma concesionaria del Soapap, denunció que los aumentos son resultado de las nuevas tarifas que aprobó el Poder Legislativo a propuesta del gobierno del estado, las cuales incluyeron una rezonificación de los estratos socioeconómicos.
“Nosotros somos de Las Hadas y nos pasaron al estrato cuatro que es uno de los más caros pese a que se trata de viviendas de interés social”, reprochó Ramos Martínez, quien exigió a los legisladores la elaboración de un estudio socioeconómico para corregir el error.
Más adelante, Susana Riestra rindió un informe sobre la actividad legislativa en los primeros meses de la LIX Legislatura, en el que aseguró que todas las iniciativas y puntos de acuerdo que se impulsaron fueron temas de “alto calado”.
En tribuna, destacó la emisión de la ley de protección a víctimas del delito, así como la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, pero omitió la aprobación de las nuevas tarifas del agua potable, así como la ley que regula el uso de la fuerza pública, mejor conocida como #LeyBala, la cual también se creó en el primer semestre del año.