El senador del PRI Manuel Humberto Cota Jiménez aseguró que el juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y la desaparición de poderes que se propone para Puebla son procedimientos que considera la ley y que cabe analizar dentro de la discusión que se lleva en el Congreso de la Unión sobre la represión en San Bernardino Chalchihuapan del 9 de julio pasado.
En una visita que realizó a Puebla, el representante popular reprobó la violencia que se desató contra los pobladores en esa junta auxiliar del municipio de Ocoyucan y atribuyó la misma a la incapacidad de diálogo de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
De paso, descartó que el tema vaya a terminar en la congeladora legislativa, pues aunque reconoció que existen “muchas diferencias ideológicas en el interior del parlamento” refirió que en la discusión de otros asuntos de interés se han alcanzado acuerdos y consensos.
Cota Jiménez encabezó una conferencia de medios en las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) para promover la elección interna del 28 de agosto, en la que se presentará como candidato de unidad a la dirigencia de ese sector priista.
El senador abordó el tema de Chalchihuapan a raíz de las preguntas que realizaron los representantes de los medios de comunicación, ante quienes ratificó su respaldo al punto de acuerdo que presentó la semana pasada la bancada tricolor en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, en el que acusó que la “política criminal” del gobierno del estado provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo en el operativo del 9 de julio.
“Quiero expresar que es muy lamentable lo que pasa en un estado como el de ustedes, es lamentable que las leyes se estén emitiendo, no para perseguir delitos, sino para reprimir a la sociedad, es lamentable los acontecimientos y más aún el desenlace de éstos”, expresó en clara referencia a la #LeyBala, cuyos lineamientos fueron utilizados por la Policía Estatal para dispersar una protesta en Chalchihuapan.
Durante la intervención de la fuerza pública en esa comunidad, expuso, el gobierno estatal probó que carece de voluntad y capacidad política para atender el reclamo social.
Acompañado por la dirigente estatal del CNC, Maritza Marín Marcelo, el senador por Nayarit recordó que la manifestación del 9 de julio tenía como demanda el regreso de las oficinas del registro civil a la junta auxiliar, la cual calificó de “justa y legítima”.
“Lamentablemente la respuesta fue la represión”, agregó quien también ha fungido como diputado federal y presidente del Congreso local de esa entidad federativa, ubicada al noroeste del territorio de México.
Respecto a las solicitudes de juicio político y desaparición de poderes que se promueven en la Cámara Alta como salida al conflicto político–social de Chalchihuapan, Cota Jiménez indicó que forman parte de las atribuciones del Senado de la República que se necesitan discutir.
Por último, el legislador aseguró que el punto de acuerdo que promovieron los 54 senadores del PRI, para exigir una investigación a fondo del tema sin la injerencia del mandatario poblano, será turnado a comisiones para su revisión y dictaminación.