Desde la represión que la Policía del Estado ejecutó el pasado 9 de julio sobre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y que derivó en la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el gobierno que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas ha negado que la fuerza pública en lo que va del sexenio haya utilizado balas de goma para disuadir manifestaciones. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) ha documentado la utilización de dichos artefactos.
En la recomendación 60/2011 emitida a favor de habitantes de La Ciénega Larga, del municipio de Chignaguapan, y remitida al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, Ardelio Vargas Fosado, se consigna, con base en diagnósticos médicos y peritajes de personal de la CDHP que la Policía Estatal utilizó, el 23 de agosto de 2011, balas de goma durante el desalojo injustificado de campesinos de esa región de la Sierra Norte de la entidad.
El recurso, que puede ser consultado en la dirección electrónica http://goo.gl/eULK9b, relata el caso de los vecinos de La Ciénega Lara, quienes se habían posesionado de un predio de la hacienda Atlamahac que reclamaban como suyo, y fueron reprimidos y encarcelados, sin que mediara una orden judicial para realizar el desalojo.
Las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla concluyeron que hubo un abuso de la fuerza pública, pero también determinaron que 25 personas tuvieron heridas que “fueron producidas por la contusión directa con diferentes objetos duros, rígidos, con bordes romos de regular peso, capaz de vulnerar la piel cabelluda, que pudieron corresponder a la culata de un arma de fuego o a un bastón PR–24 (que es un arma disuasiva y de combate cercano), o a un tolete (que es un arma de usos múltiples de defensa y ataque) impulsados con fuerza sobre el cuerpo de los quejosos; y por arma de fuego que utiliza pólvora para la propulsión del proyectil, que en este caso no es de plomo, sino de material de goma o plástico que se desintegra al chocar con una superficie, así como gas lacrimógeno (que se utiliza como aerosol de mano o en forma de granada); artefactos usados por los elementos policiacos, así como objetos semirigidos como podrían ser manos, pies, etcétera, de esos servidores públicos”.
Un dictamen similar se especifica para otros tres heridos de mayor gravedad: “De la misma opinión criminalística, emitida por la especialista, concluyó que la mecánica de producción de las lesiones que presentaron –los heridos identificados con las claves– V30, V31 y V32, pudieron haber sido producidas por un proyectil de goma o plástico emitido por un arma de propulsión (gas o pólvora); de V33, la lesión producida fue por contusión directa de un objeto duro, rígido, de bordes romos, de regular peso, capaz de vulnerar la piel cabelluda, que puede corresponder a la culata de un arma de fuego, o a un tolete impulsado con fuerza sobre la cabeza del quejoso (…)”.
La recomendación que hace la CDHP contradice la versión que han dado el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el procurador poblano Víctor Antonio Carrancá Bourguet y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, quienes han afirmado no solo que la fuerza pública no utilizó balas de goma en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que fueron desalojados de la autopista Puebla–Atlixco el 9 de julio, sino que aseguran que fue la onda expansiva de un cohetón disparado por los manifestantes la que desprendió parte del hueso craneal al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por cuya lesión falleció la semana pasada.
La madre del infante, Elia Tamayo, y los vecinos de San Bernardino han sostenido en todo momento que lo que golpeó a la víctima fue una bala de goma, y hasta han presentado a visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a medios de comunicación los proyectiles.
Además, hay otros dos hombres que presentaron lastimaduras similares a las de Tehuatlie Tamayo: Martín Romero, quien resultó con fractura expuesta de mandíbula, perdió parte de ese hueso, algunos dientes y parte de la lengua, amén de Vicente Tecalero, quien fue dado de alta el pasado miércoles del Hospital General del Sur en Puebla.
Descalifican versión oficial
El portal e–consulta presentó ayer por la tarde una entrevista que la periodista Patria Méndez hizo a Raúl Rodríguez de la Fuente, abogado de la familia del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció por la lesión que sufrió durante un desalojo policiaco de manifestantes de Chalchihuapan.
El litigante descalificó la afirmación hecha por el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, sobre que habrían sido los pobladores quienes planearon lesionar al menor, y sostuvo que exhibirá la manipulación que las autoridades estatales han hecho del caso.
Como muestra de ello, el jurista reveló que el acta de defunción del menor indica como causa de la muerte un edema cerebral provocado por un “objeto desconocido” y no un paro cardiorespiratorio, tal como el sábado 19 de julio lo informó la Secretaria de Salud (Ssa).
Aunque previó una actuación parcial por parte de las autoridades judiciales de la entidad, el abogado adelantó que en el proceso exhibirá la documentación con la que cuenta para comprobar la manipulación de la información del caso que ha hecho la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que encabeza Víctor Carrancá.
Cabe recordar que el procurador ofreció una entrevista al Grupo Fórmula en la que negó que la lesión que Tehuatlie sufrió en la cabeza haya sido provocada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y reiteró que ésta habría sido causada por un cohetón lanzado, premeditadamente, por los pobladores de Chalchihuapan
Indicó que la declaración hecha por Carrancá busca ocultar la irresponsabilidad y la falta de preparación y protocolos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que se autorizó el uso de la fuerza para desalojar a los quejosos el 9 de julio de la autopista Puebla–Atlixco.
Recordó que desde que Luis Alberto Tehuatlie Tamayo se encontraba hospitalizado, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SSG) intentaron convencer a la madre del menor, Elia Tamayo Montes, de responsabilizar a los pobladores de lo ocurrido con su hijo y de señalar que fue un cohetón lo que provocó la lesión.
Posteriormente presionaron a Tamayo para que permitiera desconectar al menor de los aparatos que lo ayudaban a respirar, una vez que éste fue declarado con muerte encenfálica el 18 de julio.
En este sentido, el abogado indicó que afina los detalles técnicos de la denuncia por homicidio que presentará la madre del menor fallecido ante un juzgado local la semana entrante.
No obstante, previó que las autoridades del estado evitarán que Elia Tamayo denuncie y posteriormente que la demanda sea admitida, por lo que adelantó que una vez que esto ocurra ingresará la querella ante juzgados federales, pues explicó que primero tiene que haber un “acto reclamado y negado”.
Rodríguez de la Fuente recordó que en el término que la Constitución le otorga para conocer del proceso que la PGJ lleva del caso, dicha dependencia le negó acceso al expediente bajo el argumento de que solo contaba con una copia de mismo y que esta tenía que ser ingresada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hecho que, dijo, demuestra el bloqueo que habrá en lo sucesivo.