El grupo parlamentario del PRI en el Senado de República acusó que la “política criminal” del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue la causante de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo durante un operativo de la Policía Estatal en San Bernardino Chalchihuapan, por lo que exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no permitir la injerencia del Ejecutivo del estado en las investigaciones que se realizan del caso.
Con esa postura, la fracción tricolor se sumó al bloque de senadores del PRD y PT que han tachado a la administración estatal de intolerante y represiva, mientras se debate el inicio de un juicio político contra el mandatario poblano que se promovería en esa misma cámara.
Los 54 senadores del PRI, que son coordinados por Emilio Gamboa Patrón, abordaron el tema en un punto de acuerdo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria ayer para ser discutido en la Comisión Permanente, la cual declaró un minuto de silencio por la muerte de Tehuatlie Tamayo a petición de la diputada Alliet Bautista Bravo.
En el documento priista, que ya no se presentó ayer en tribuna por falta de tiempo, se acusa que hubo “un exceso” en las actuaciones de los elementos de seguridad pública del estado durante su intervención para disolver una protesta de pobladores de Chalchihuapan que exigían la restitución del servicio del registro civil a las juntas auxiliares, así como la liberación de personas que fueron aprehendidas por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el gasoducto Morelos.
La respuesta de las autoridades a la manifestación pacífica –se lee más adelante– “deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”.
Para dimensionar la gravedad de los hechos, la bancada priista refiere en el punto de acuerdo que el enfrentamiento se prolongó por casi tres horas, dejando alrededor de 100 personas con lesiones leves y tres más, incluido Tehuatlie Tamayo, con lesiones graves.
“En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes.
“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre del menor afirman, la realidad es que el menor de tan solo 13 años murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”, se condena en el escrito.
Al final la bancada censura que la administración estatal, en tres años de gobierno, ha menoscabo derechos como la libertad de expresión y a la vida, pues los elementos policiacos de Puebla “lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad (…) han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad.
“Peor aun, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.
Gobierno mintió sobre la muerte: MC
La Comisión Permanente dio entrada ayer a un segundo punto de acuerdo por el caso Chalchihuapan que fue presentado por los diputados de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, en el que exigen a la Procuraduría General de Justicia “esclarecer con estricto apego a la ley las causas de la muerte” de Tehuatlie Tamayo.
En la exposición de motivos, los legisladores acusaron que la versión oficial del gobierno es que el menor falleció el sábado 19 de julio tras ser declarado con muerte cerebral; “sin embargo, trabajadores del nosocomio donde fue atendido indican que los hechos ocurrieron desde el 17 de julio”.