En la privatización del servicio de agua potable en Puebla se encuentra involucrado el empresario Carlos Hank González, quien es integrante de una de las familias más polémicas del país por el origen de su fortuna y los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados varios de sus integrantes.
De acuerdo con información de la periodista Bárbara Anderson, que publicó Milenio la semana pasada, Hank González dirige un fideicomiso bancario del Grupo Hermes que tiene participación en el negocio.
El empresario es nieto del político priista Carlos Hank González, quien fue acusado en vida de utilizar la función pública para enriquecerse durante el régimen de partido único; así como sobrino de Jorge Hank Rhon, detenido en 2011 bajo la denuncia de posesión ilegal de armas de fuego y liberado pocos meses después por falta de pruebas.
La privatización de las actividades del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) es un proyecto del gobierno estatal que se concretó en mayo pasado.
La implementación se retrasó cinco meses por las decenas de amparos que se tramitaron ante la justicia federal contra la legislación que el Congreso local creó en 2013, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Rafael Moreno Valle Rosas, para dar fundamento jurídico al ingreso de la iniciativa privada en el sector, tachada de inconstitucional.
Las funciones del SOAPAP fueron asumidas por las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa, quienes ganaron en diciembre pasado la concesión por 30 años que licitó el SOAPAP a partir de septiembre.
De acuerdo con el contrato, cuyos términos dio a conocer Proceso, las compañías –que integraron la firma Concesiones Integrales– invertirán 3 mil 800 millones de pesos en infraestructura durante los próximos cinco años. Además destinarán cada 12 meses 10 por ciento de sus ingresos para la modernización del sistema hídrico y 5 por ciento más al gobierno estatal.
Los proyectos de Hank
La participación de la familia Hank en la privatización se ocultó durante 10 meses, hasta que Bárbara Anderson la hizo pública en la columna “Nada Personal” de Milenio el 3 de julio anterior.
En el material periodístico se incorporaron fragmentos de una entrevista realizada a Carlos Hank González, quien es identificado en el escrito como uno de los operadores del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en Puebla.
El empresario explica que la concesión opera como un proyecto para la prestación del servicio “más innovador”, porque “es una posesión pública y privada en donde está la iniciativa privada buscando e invirtiendo en recursos para mejorar el servicio que le provee al estado; sin embargo, no es éste el que paga finalmente, sino que el financiamiento viene directamente del cobro del agua, o sea, los usuarios”.
Bárbara Anderson detalla más adelante que entre los primeros proyectos del consorcio se encuentra el de “actualizar toda la red, modernizar las plantas purificadoras y solucionar las fugas de agua”.
De acuerdo con la periodista, el siguiente paso será colocar medidores, con lo que deja entrever que se generalizará la instalación de esos dispositivos que, según información oficial, son utilizados solo en 8 por ciento de las 450 mil tomas que opera actualmente Concesiones Integrales.