La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó al Congreso del estado la primera iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Integral Escolar para garantizar que combata el fenómeno del bullying como se propuso durante su aprobación en 2011.
El coordinador del grupo legislativo, Carlos Martínez Amador, precisó que la enmienda no solo busca que se sancione la participación en hechos de violencia, sino también las omisiones de los involucrados, así como todo acto de discriminación hacia los estudiantes.
La iniciativa se presentó el día de ayer al pleno durante la sesión ordinaria y se turnó a las comisiones unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación para su revisión, análisis y su dictaminación.
La reforma propone aclarar el concepto de acoso escolar, señalando que son aquellas conductas que se suscitan no solamente dentro de los centros educativos, sino también en los alrededores de las instituciones educativas.
Carlos Martínez explicó que estudios realizados en la materia muestran que la violencia escolar se da principalmente a la salida de las escuelas, por lo que el PRD busca con la enmienda que la vigilancia se extienda a las inmediaciones de dichos inmuebles.
Asimismo, se pretende homologar los tipos de violencia escolar con el reciente dictamen que se aprobó a nivel federal, el cual incluye la violencia física, verbal, psicológica y la exclusión social.
La iniciativa propone, además, incorporar a la ley los fenómenos denominados ciberbulliyng, con el que se define la violencia ejercida a través de las redes sociales, y el sexting, que consiste en el envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de teléfonos móviles.
El coordinador de los diputados perredistas indicó que la iniciativa también sugiere crear un departamento dedicado a la atención psicológica en todos los planteles educativos, el cual se encargaría de realizar la valoración psicológica de los alumnos y atender cualquier conducta anómala o indisciplinada.
La nueva área propondría tratamiento y atención oportuna a los educandos, quienes tendrían además derecho de audiencia en caso de verse implicados en un caso de violencia o acoso escolar.