Viernes, marzo 29, 2024

En Nealtican promueven amparo comunitario para evitar detenciones de opositores al PIM

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El pueblo de Nealtican promovió un amparo comunitario para evitar la represión por parte del gobierno morenovallista, que mantiene en la cárcel a tres ambientalistas de la región de los volcanes, por oponerse a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) y el Arco Poniente.

El amparo fue interpuesto este viernes 16 de mayo ante el juez primero de Distrito para acabar con la especulación que varios habitantes de esta localidad serían aprehendidos por la autoridad estatal.

La información fue dada a conocer por la presidente del Comité de Ciudadanos de Nealtican en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, Selene Santamaría Soriano, luego que el alcalde Domingo Jiménez Luna rumoró que en la lista de los 150 órdenes de aprehensión que liberó el gobierno, se encontraban 20 pobladores de este lugar.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Santamaría dijo que se sabía de manera extraoficial que ella encabezaba la lista de las personas de Nealtican que serían encarceladas por oponerse al gasoducto.

Por tal razón, dijo que recurrió al amparo de la ley no solo para proteger su persona, sino al resto de pobladores de la localidad que han manifestado abiertamente su descontento con la obra.

Recordó que como prueba de la represión contra los ambientalistas está el caso de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, quienes se encuentran encarcelados desde inicios de abril por defender la tierra y el agua de proyectos privatizadores.

En ese sentido, advirtió que no se va a abandonar la lucha por la defensa de los recursos naturales, ni se dejarán solos a los tres presos políticos recluidos en los penales de Atlixco y San Pedro Cholula.

“Aprendiendo de los errores del pasado, estamos resolviendo la problemática por las vías legales. No pretendemos un enfrentamiento que deje más herida a la comunidad y nos divida”, respondió Santamaría a los rumores vertidos en su contra por supuestamente haber vendido el movimiento contra la instalación del gasoducto, junto al resto de los integrantes del Comité Ciudadano.

Por esta razón, señaló que se promovió un amparo comunitario con la asesoría legal del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga”, que dirige Fernando Cuéllar.

“Exigimos que se respeten nuestros derechos y demandamos que nuestras autoridades municipales y estatales cumplan sus funciones debidamente, así como sus compromisos con la ciudadanía”, reclamó.

En su oportunidad, Fernando Cuéllar precisó a este medio que el amparo fue promovido el viernes pasado, y que se encuentran en la etapa de recabar información de tipo legal.

“Estamos padeciendo una ola de represión por parte del gobierno estatal, y más que proteger a Selene también se está dando protección al pueblo”, comentó el declarante.

Cuéllar recordó a las autoridades que existe una Constitución que ampara a todos los mexicanos,  por lo tanto dijo los gobernantes no se mandan solos y para llevar a cabo proyectos de la magnitud de un gasoducto tienen primeramente que consultar al pueblo.

El presidente del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga” dijo que también pidieron el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como del organismo estatal para que ejerzan medidas cautelares para la población de Nealtican.

Con el documento en mano de la solicitud del amparo, aclaró que no se trata de chismes, se recurrió a la protección de la ley para evitar un conflicto mayor en esta localidad.

Santamaría informó al último que el Comité Ciudadano para defender los recursos de Nealtican se constituyó el pasado 10 de diciembre de 2012, en asamblea pública, donde el pueblo y las autoridades locales propusieron que este organismo represente los intereses del pueblo en el tema del gasoducto, a fin de buscar la solución a la problemática e informar a la ciudadanía.

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